Santo Domingo. – Una solicitud formal para poner fin al proceso penal contra el exprocurador general de la República, Jean Alain Rodríguez, depositó este martes la Asociación Mundial de Juristas (World Jurist Association).
De acuerdo con la entidad, el caso ya rebasó el plazo razonable que fija tanto la legislación dominicana como los estándares internacionales.
Un informe como amigo de la corte
El planteamiento figura en un informe jurídico presentado en calidad de «amicus curiae», que se traduce como amigo de la corte.
El documento fue depositado ante el Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional. Ese órgano judicial es el que conoce el proceso contra el exfuncionario.
Los plazos que se habrían superado
En su escrito, la WJA sostiene que el proceso inició en 2021. Desde entonces, según indica, ya sobrepasó el plazo máximo de cuatro años que contempla la normativa procesal penal dominicana.
Asimismo, la organización considera que también se excedió el estándar internacional del plazo razonable.
Las dilaciones, atribuidas al Estado
De acuerdo con el informe, tras analizar el expediente la entidad llegó a una conclusión puntual. Las dilaciones registradas serían atribuibles al Estado.
Además, señala que no existe constancia de que Rodríguez haya recurrido a maniobras dilatorias capaces de justificar la prolongación del proceso.
El deber reforzado de diligencia
La organización también argumenta un punto vinculado a la prisión preventiva. Rodríguez estuvo sometido a esa medida durante cuatro años.
Según la WJA, esa situación imponía al Estado un deber reforzado de diligencia. Ese criterio, de acuerdo con el documento, se sustenta en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
La conclusión de la organización
Con base en esos argumentos, la WJA concluye que corresponde declarar extinguida la acción penal contra el exprocurador.
A su entender, el Estado excedió los límites temporales para ejercer la persecución penal en este caso.
El contexto del caso
Rodríguez dirigió la Procuraduría General entre 2016 y 2020. El Ministerio Público lo acusa de presuntos actos de corrupción administrativa en el denominado caso Medusa.
El exfuncionario ha rechazado esos cargos.
