Santo Domingo. — Una red de más de 30 empresas habría actuado desde 2020 como un cártel de proveedores, concentrando contratos por miles de millones de pesos en instituciones como el Plan Social de la Presidencia y los Comedores Económicos, mediante licitaciones manipuladas y prácticas colusorias que hoy son objeto de investigación por parte de las autoridades.
El expediente describe una estructura empresarial que actuaba con precisión: compañías que rotaban adjudicaciones, compartían socios, y presentaban ofertas coordinadas para asegurar que el dinero público quedara en el mismo círculo de suplidores.
El director de la DGCP, Carlos Pimentel, definió la trama como un “cártel de proveedores”, comparando su funcionamiento con el de redes del narcotráfico por su nivel de organización.
“Es una estructura mafiosa orientada a un fin común: controlar las compras públicas”, afirmó Pimentel en entrevista con la periodista Nuria Piera.
Empresas vinculadas y patrón de colusión
Entre las firmas mencionadas figuran Inversiones Q-Tek, Empresas Integradas SAS y Tingley Business SRL, todas relacionadas con el empresario Munir Manuel Kury Hazoury.
Investigaciones de N Investiga desde 2022 ya habían advertido el patrón: licitaciones repetitivas, cláusulas restrictivas y una exigencia abusiva de cartas de autorización del fabricante, incluso en compras de alimentos básicos como arroz o aceite.
Este requisito técnico —diseñado originalmente para equipos especializados— se usaba como filtro para excluir a competidores y favorecer a un grupo previamente concertado.
Contratos y sobreprecios
A pesar de las denuncias, las mismas empresas siguieron concentrando adjudicaciones.
En septiembre, el Plan Social ejecutó una compra de alimentos por RD$904 millones, donde Q-Tek y Empresas Integradas obtuvieron más de RD$554 millones, con precios hasta un 60 % superiores a otros procesos similares.
En abril de 2025, Empresas Integradas recibió más de RD$140 millones y Q-Tek más de RD$523 millones por la adquisición de electrodomésticos, representando el 98 % del monto total adjudicado.
Falsificación, testaferros y amenazas
La investigación también documenta falsificación de registros sanitarios, el uso de empresas fachada y amenazas a otros suplidores.
Según Pimentel, estos casos confirman que la corrupción en las compras públicas no es solo administrativa, sino una alianza entre funcionarios y proveedores.
“No existe corrupción pública sin participación privada. Siempre hay dos lados del mismo negocio”, puntualizó.
Medidas y nueva legislación
Tras el escándalo, Contrataciones Públicas emitió la circular 2025-0008, que elimina la carta de autorización del fabricante como requisito obligatorio, e informó que el caso será remitido a ProCompetencia para determinar si hubo manipulación del mercado estatal.
La denuncia surge pocos meses después de la promulgación de la Ley 47-25 de Contrataciones Públicas, que devuelve las sanciones penales al sistema y establece penas de hasta diez años de prisión para quienes participen en fraudes o colusión empresarial.
Una red que drenó fondos públicos
La investigación de N Investiga concluye que el “cártel de proveedores” no solo drenó recursos estatales, sino que evidenció la fragilidad del sistema de compras públicas en República Dominicana, donde por años los mismos actores controlaron las reglas del juego desde las sombras.
