Santo Domingo. – La Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS) advirtió sobre los problemas legales y económicos que podrían derivarse de las modificaciones urgentes a la Ley 225-20 sobre Gestión Integral y Coprocesamiento de Residuos Sólidos, aprobadas recientemente por el Senado sin consulta pública.
Según FINJUS, estas reformas, que incluyen incrementos en los pagos y cambios en los plazos para la eliminación de plásticos, fueron aprobadas sin la participación de actores clave como el Ministerio de Medio Ambiente ni representantes del sector productivo. Esto representa una violación de los principios constitucionales de participación ciudadana e inclusión, establecidos en la sentencia TC/0458/21 del Tribunal Constitucional, que subraya la importancia de involucrar a la ciudadanía en decisiones de interés colectivo.
Impactos económicos y sociales
FINJUS destacó que las modificaciones proponen un aumento desproporcionado en las contribuciones, basado únicamente en los ingresos de las empresas, sin considerar los niveles reales de generación de residuos. Esta medida podría reducir la competitividad de las empresas nacionales, generar un escenario de doble tributación y contradecir el principio de razonabilidad.
Además, la fundación señaló que el proyecto no aborda adecuadamente el desarrollo de la industria del reciclaje ni la concienciación ciudadana sobre el manejo de desechos. También criticó los niveles adicionales de burocracia que las modificaciones podrían introducir, limitando la eficacia del sistema de coprocesamiento de residuos.
Llamado a la acción
FINJUS hizo un llamado a que el proyecto sea revisado por una Comisión Especial que evalúe su viabilidad económica y sostenibilidad ambiental. La organización insistió en que cualquier reforma debe enmarcarse en un modelo inclusivo y equitativo, que fomente una gestión integral de residuos sólidos respetuosa de los principios constitucionales.
