Santo Domingo. – El senador Omar Fernández denunció que más de 700,000 empleados del país estarían recibiendo menos dinero del que les corresponde por ley debido a la falta de indexación salarial. Según el legislador, esta omisión provoca que una parte del salario termine retenida por el Estado sin la autorización de los trabajadores.
Fernández sostuvo que, mientras los dominicanos se esfuerzan para mantener a sus familias, el Gobierno utiliza un “tecnicismo” para apropiarse de una fracción de los ingresos mensuales. Aseguró que la no indexación salarial equivale a “quitar parte del sueldo sin permiso y en contra de la ley”.
Impacto económico sobre distintos niveles de ingreso
El senador ejemplificó cómo la medida afecta a dominicanos con distintos rangos salariales. Señaló que una madre con sueldo de 40,000 pesos habría perdido 6,630 pesos en un año, monto que pudo haberse destinado a compra de alimentos o servicios básicos.
También mencionó el caso de un joven profesional con salario de 50,000 pesos, quien habría dejado de recibir 22,248 pesos anuales, dinero suficiente —según afirmó— para cubrir un mes de alquiler, una reinscripción universitaria o el mantenimiento de un vehículo.
Para un trabajador con salario de 60,000 pesos, agregó, la pérdida anual se calcularía en 41,839 pesos. Según Fernández, desde que la indexación dejó de aplicarse, un empleado de ese nivel habría visto retenidos alrededor de 334,712 pesos que “deberían estar en su cuenta bancaria y no en cuentas del Gobierno”.
“El Estado decide en qué gastar el dinero del trabajador”
Fernández cuestionó que el Gobierno determine en qué se usan los recursos que pertenecen a los trabajadores. Aseguró que, si se cumpliera la ley de indexación, más de 700,000 ciudadanos tendrían mayor capacidad de compra inmediata, lo que impulsaría la economía nacional y aumentaría los ingresos del propio Estado.
El senador concluyó su mensaje con una pregunta dirigida al Gobierno: “¿Quién administra mejor el dinero que genera el trabajador: él mismo o el Estado?”.
Hasta el momento, el Gobierno no ha emitido una respuesta oficial a estas afirmaciones.
