Santo Domingo. – El vicepresidente ejecutivo de la Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus) y quien fungió como coordinador de la Comisión para la Transformación y Profesionalización de la Policía Nacional, Servio Tulio Castaños Guzmán, dio a conocer este miércoles, que formo parte de la nueva ley que permite a la DNI acceder a informaciones públicas de instituciones del Estado y empresas privadas en su base de datos, así como a los datos generados a través de las telecomunicaciones, por lo que dijo que en parte ellos sienten que fueron escuchados, aunque probablemente no era el momento para promulgar dicha ley.
Castaños señaló que junto a esa ley hicieron una serie de observaciones, y aunque no fueron acogidas todas, muchas de ellas fueron tomadas en cuenta, como todo lo que tiene que ver con temas puntuales, como el artículo 11.
“Probablemente no era el momento para que se promulgara la Ley 1-24 que establece y regula la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) y el Sistema Nacional de Inteligencia (SIN), que agrupará a todas las agencias investigativas del Estado, razón de qué se está en una campaña política y cualquier cosa que pueda generarle ruido al ejecutivo, eso va a tener un impacto”. Afirmó el ejecutivo.
Cabe resaltar que la legislación fue discutida en ambas cámaras del Congreso Nacional y tuvo que ser consensuada con sectores empresariales y del sistema financiero dominicano, en particular.
Por lo que la Sociedad Dominicana de Diarios expresó su inquietud por la presunta ambigüedad de ciertos artículos de la Ley que podrían representar un riesgo para la libertad de prensa y la privacidad de las personas.
Concerniente a esto, Tulio Castaño dijo estar de acuerdo con la sociedad dominicana de diarios, a través de una entrevista en Uno más Uno, por su parte dijo que piensa qué lo viable sería que si el ejecutivo y la consultoría jurídica habiéndola estudiado y entendido que procede remitir alguna modificación para la legislación, que se haga dijo.
¿En qué se basa la ley?
Se recuerda que la nueva ley permite a la DNI acceder a informaciones públicas de instituciones del Estado y empresas privadas en su base de datos, así como a los datos generados a través de las telecomunicaciones.
Esto permitiría, según la normativa, un respaldo significativo en los procedimientos de investigación de actos ilícitos por parte de la Procuraduría General.
La parte operativa de la DNI estará sustentada en el Sistema Nacional de Inteligencia (SNI) formado por todos los organismos y órganos independientes y coordinados de manera funcional, encargados de realizar labores de inteligencia y contrainteligencia para la seguridad nacional.
La recién promulgada ley establece que en lo adelante la Dirección Nacional de Investigaciones ya no será una dependencia de las Fuerzas Armadas, sino que operará bajo la supervisión del Presidente de la República.
Asimismo, la entidad oficial también contará con autonomía presupuestaria y regulará los fondos destinados a tareas de inteligencia y contra inteligencia de las agencias investigadoras, de acuerdo con la legislación vigente.
