Santo Domingo. – El abogado Francisco Álvarez, habló este lunes a través de la red social X, (antiguo Twitter), sobre el mercado inmobiliario en República Dominicana asegurando que los precios elevados han generado un terreno fértil para la proliferación de fraudes.
Explicó que la vicepresidenta de la República, Raquel Peña, ha tomado iniciativa de crear una mesa técnica, se hace propicio el momento para socializar medidas (preventivas, administrativas y legislativas):
Asistencia legal: Idealmente, toda negociación debe ser gestionada con la asistencia de un abogado.
Verificación de propiedad: Solo tratar con el propietario real o un apoderado legítimo. Solicita copia del título y, si es un apoderado, el original del poder de representación. El notario solo certifica firma, no el contenido. No es garantía de veracidad.
Trabajo de campo: Confirmar propietarios con empleados/vecinos puede ofrecer información valiosa para identificar posibles fraudes. Precios irreales deben ser una señal de alerta para realizar revisiones adicionales.
Pagos: Evita realizar pagos a terceros. Todos los pagos deben ser dirigidos al propietario o su apoderado legal, y éste último, con la documentación necesaria.
Creación de un departamento especializado (Quizás @ProConsumidorRD): dedicado a dar soporte, orientado a identificar elementos formales mínimos para interactuar, y aconsejar unilateralmente al ciudadano ante situaciones específicas, sin generar criterios vinculantes.
Registro de promesas de venta: Legislar para requerir su registro (cuando existan) podría ser eficaz para evitar doble venta, hipotecas a espaldas del titular del eventual derecho de propiedad, usurpación de identidad, y otros.
Mejor acceso a Registros Públicos: Es vital simplificar el acceso a los registros públicos, obtener información de la Jurisdicción Inmobiliaria es una tarea ardua; facilitar este proceso contribuirá a reducir los fraudes.
Soluciones Jurisdiccionales: Reconocer que las soluciones judiciales suelen ser lentas y pueden resultar desalentadoras para los ciudadanos, es necesario buscar mecanismos que agilicen los procesos judiciales en casos de fraudes inmobiliarios, ideando medidas provisionales que aseguren la propiedad, o la eventual restitución.
Comprensión del comportamiento dañino: Si usted entregó dinero a un intermediario, y este último desvía los fondos, podría constituir un abuso de confianza. Por otro lado, si a través de engaños, alguien le induce a entregar fondos y luego descubre que, por ejemplo, no era el propietario, el inmueble no estaba en venta o no existía, se trataría de una estafa. Si no se encuadra en ninguna de estas categorías, aún tiene acciones resarcitorias (civiles). Es crucial entender estas distinciones, ya que los plazos procesales pueden ser contraproducentes en ocasiones.
“Ni el Estado, ni los particulares, pueden enfrentar un fraude de este tipo, solos. Se necesita esfuerzo mancomunado y constante para, a mediano o corto plazo, mitigar el impacto de estos esquemas que, aunque ahora sobre la palestra, tienen décadas azotando nuestro país. La única vacuna es el conocimiento (más recibir asesoría oportuna)”, puntualizó el jurista.
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