Santo Domingo.– Los cambios introducidos por el nuevo Código Penal y sus posibles efectos sobre las instituciones, las empresas y el ejercicio profesional centraron un seminario organizado por la Alianza Dominicana Contra la Corrupción (ADOCCO).
La actividad se celebró el miércoles 30 de septiembre en el Hotel Catalonia Santo Domingo. Participaron autoridades, juristas, representantes del Ministerio Público, jueces, académicos, comunicadores y dirigentes gremiales.
El encuentro llevó como título “Impacto del Nuevo Código Penal en la Transparencia, la Libertad de Expresión y la Lucha contra la Corrupción”. También dedicó parte de su programa a la responsabilidad penal de las personas jurídicas y a los programas de cumplimiento normativo.

Julio César de la Rosa Tiburcio, presidente de ADOCCO, señaló que la entrada en vigor del nuevo marco penal obliga a los distintos sectores a conocer sus responsabilidades, alcances y posibles consecuencias.
Antoliano Peralta abrió el debate
El ministro de Justicia, Antoliano Peralta Romero, impartió la conferencia magistral “Propuestas puntuales a la justicia desde la Constitución hasta el Código Penal”.
Su exposición abrió la agenda académica y sirvió como punto de partida para analizar los desafíos que plantea la aplicación de la legislación desde una perspectiva constitucional.
Transparencia y combate a la corrupción
El primer panel abordó las disposiciones relacionadas con la transparencia y la lucha contra la corrupción.
Rosalía Sosa Pérez, directora de Relaciones Internacionales de la Universidad Autónoma de Santo Domingo y exvicerrectora de esa academia, moderó la conversación.
Participaron el periodista, abogado y docente Ricardo Rojas León; el penalista Miguel Valerio Jiminian; el senador por La Altagracia, Rafael Barón Duluc Rijo, y la abogada y docente Emery Colomby Rodríguez.
Los expositores analizaron el alcance de la legislación para las instituciones públicas y los operadores del sistema de justicia.
Responsabilidad penal de empresas
La responsabilidad de las personas jurídicas y la necesidad de incorporar programas de compliance ocuparon otro segmento de la jornada.
Nalda Lizardo, especialista en contrataciones públicas y acceso a la información, tuvo a su cargo la moderación.
El panel estuvo integrado por Tania de León, presidenta del capítulo dominicano de World Compliance Association; Roberto Medina Reyes, especialista en derecho constitucional, regulación económica y derecho administrativo, y Babaji Cruz Peñaló, experto en derecho administrativo y contrataciones públicas.
La discusión se concentró en los mecanismos internos que deben adoptar las empresas para prevenir infracciones, fortalecer la supervisión y demostrar el cumplimiento de sus obligaciones legales.
Libertad de expresión y medios
Otro panel examinó las implicaciones del Código Penal para el periodismo, los medios de comunicación y la libertad de expresión.
La moderación estuvo a cargo de Kelvin W. Herrera, abogado especializado en derecho constitucional y electoral.
Participaron Odalis Castillo, directora de la Escuela de Comunicación Social de la Universidad Católica Santo Domingo; Elvin Castillo Nieves, asesor de comunicación estratégica y coordinador de El Panorama de la Mañana, y la abogada Jennifer Melissa Sepúlveda Molina.
Sobre este punto, Julio César de la Rosa Tiburcio advirtió que el temor a una eventual responsabilidad penal empresarial podría generar mayores controles editoriales o autocensura.
El presidente de ADOCCO consideró necesario evaluar esas inquietudes junto con la protección de la intimidad, el honor y otros derechos fundamentales.
Jueces y fiscales exponen desafíos
La agenda incluyó el “Diálogo de Alta Justicia”, dedicado a los retos que enfrentarán jueces, fiscales y demás operadores al aplicar el nuevo Código Penal.
Freddy Ángel Castro, abogado, politólogo y especialista en políticas públicas, condujo el intercambio.
Intervinieron Ysis Muñiz Almonte, presidenta de la Segunda Sala Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional; Francisco Rodríguez, procurador general de Corte de Apelación; Rosanna Isabel Vásquez Febrillet, jueza del Tribunal Superior de Tierras y dirigente de JUDEMO, y Daniel Julio Nolasco Olivo, juez de la Corte de Apelación del Distrito Nacional y docente de la UASD.
Gremios presentan sus preocupaciones
La última parte del seminario incorporó las posiciones de organizaciones profesionales sobre los efectos de la normativa en sus respectivos sectores.
En el panel participaron Luis Alberto Peña Núñez, presidente del Colegio Médico Dominicano; Trajano Vidal Potentini Adames, presidente del Colegio de Abogados de la República Dominicana, y Luis Pérez Nova, presidente del Colegio Dominicano de Periodistas.
También intervino Víctor Torres Rosa, ingeniero civil y presidente de la Delegación Santo Domingo del Colegio Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores.
ADOCCO indicó que continuará promoviendo espacios de formación y discusión sobre la aplicación del Código Penal, con énfasis en la seguridad jurídica, el debido proceso y los derechos fundamentales.
