Santo Domingo. El comunicador Michael Miguel Holguín, se defendió este lunes por su mención en el expediente de la Operación Búho, puesta en marcha por el Ministerio Público (MP) contra ejecutivos de la Cooperativa Herrera por un fraude de más de 2,500 millones de pesos.
“En esa investigación que me realizaron no salió absolutamente nada porque yo soy un hombre serio, yo no soy un tiguere bebe romo, no soy un cualquiera. Cuando buscaron mis cuentas de Bancos, mis casas y mis bienes, no encontraron ni un chele”, expresó.
Explicó que, acudió a la Procuraduría General de la República a un conversatorio con Yeni Berenice Reynoso y con Miriam Germán Brito, no aun un interrogatorio.
Asimismo, indicó que Yeni Berenice le dijo que su nombre iba a aparecer en el expediente de la Operación Búho por su conexión con Gabriel Santana, dueño de la emisora La Máxima Radio Show.
“Yeni Berenice Reynoso y Miriam Germán Brito, no me interrogaron, ellas conversaron conmigo”, expresó el comunicador.
Holguín llamó al presidente de la República, Luis Abinader y al Congreso Nacional a defender la buena moral y la honra de las personas trabajadora.
Se recuerda que el Ministerio Público puso en marcha el pasado miércoles la Operación Búho, producto de una investigación de varios meses que llevó al arresto de siete directivos de la Cooperativa de Ahorros y Crédito Herrera (Coop-Herrera) que cometieron un fraude de unos RD$2,500 millones.
El órgano persecutor movilizó a más de 20 fiscales, alrededor de 100 policías y una docena de agentes de equipos especiales. El Instituto de Desarrollo y Crédito Cooperativo (Idecoop) y varias personas presentaron denuncias contra los ejecutivos de Coop-Herrera.
Los arrestados son Jorge Eligio Méndez, Gabriel Santana Borsilea, Kenia Del Carmen Liriano Pérez, Ana Cecilia Tejada Santos de Álvarez, Simona Borsilea, Jacer Eliazar Mejía Pereyra y Julio César Minaya.
Las imputaciones incluyen los delitos de asociación de malhechores, falsificación de documentos públicos y privados y robo de identidad de personas. El grupo incurrió en maniobras fraudulentas frente a la administración, abuso de confianza de ahorrantes y lavado de activos.
Durante la operación, el Ministerio Público ocupó inmuebles, embarcaciones, vehículos y otras propiedades lujosas, en virtud de una orden judicial autorizada por un tribunal.
