Santo Domingo.– Empleados del Fondo Especial para el Desarrollo Agropecuario (FEDA) denunciaron que directivos de la institución les exigen entregar parte de su salario para financiar un movimiento político llamado La Maquinaria del Cambio.
Las denuncias surgieron tras una investigación presentada en el programa N Investiga. En el espacio, el equipo mostró documentos, mensajes de WhatsApp y testimonios de empleados de distintas provincias.
Según los denunciantes, los aportes no son voluntarios. Además, quienes se niegan a pagar enfrentan consecuencias laborales inmediatas.
Cuotas según el salario
Un documento interno detalla una tabla de aportes mensuales.
En ella, el movimiento establece montos distintos según el salario de cada empleado.
Por ejemplo, los trabajadores con ingresos más bajos aportan miles de pesos, mientras que quienes ganan más entregan sumas mayores.
Sin embargo, los denunciantes aseguran que el dinero no entra a cuentas institucionales. En cambio, llega a cuentas bancarias personales vinculadas al movimiento político.
Amenazas y sanciones
Además, los responsables de la recaudación usan grupos de WhatsApp para exigir los pagos. Aunque presentan los mensajes como “motivación”, los empleados afirman que la presión es directa.
Cuando un trabajador se niega, la institución aplica sanciones. Por ejemplo, Recursos Humanos impone amonestaciones o suspensiones.
Varios empleados relataron que la entidad los suspendió sin disfrute de salario. Asimismo, muchos recibieron la notificación solo por mensajes, sin documentos formales.
“Monta a tu regidor”
A las cuotas mensuales se suma otro método de recaudación llamado “Monta a tu regidor”.
Según los testimonios, los organizadores obligan a los empleados a vender boletas para actividades políticas. Con ese dinero, el movimiento financia la compra de vehículos para regidores o aspirantes.
Si un empleado no vende las boletas, debe pagar el monto de su propio bolsillo. De lo contrario, enfrenta sanciones laborales.
Por todo esto, las denuncias apuntan a posibles violaciones de la Ley de Función Pública y de la Ley de Partidos, las cuales prohíben obligar a empleados públicos a financiar estructuras políticas desde su trabajo.
