Santo Domingo. – El abogado defensor del exfuncionario Donald Guerrero, Eduardo Núñez, aseguró que el cambio a un Ministerio Público independiente «es propaganda política», al señalar que dicho organismo «no es garantía de un cambio en la cultura y dinámica judicial».
“El Ministerio Público sigue siendo exactamente el mismo, salvo la cabeza, eso no se cambia”, sostuvo el jurista.
Durante una entrevista en el programa radial “El Rumbo de la Mañana”, Núñez indicó que los problemas que afectan al país en el ámbito judicial no se desaparecerán por arte de magia con tan solo cambiar la cabeza.
“Los problemas de República Dominicana, los problemas del Ministerio Público no son tan elementales que con un decreto, colocando a una persona y por arte de magia van a desaparecer. Las practicas del pasado están todas y más vigentes que nunca”, precisó el abogado.
Coerción a Donald Guerrero
Al ser cuestionado sobre la motivación judicial que sustenta la coerción de 18 meses de prisión en Najayo-Hombre contra el exministro de Hacienda, Núñez manifestó que dos semanas después de la medida, aún desconoce los motivos que llevaron a la jueza Kenya Romero a tomar la decisión.
Dijo no saber cómo la magistrada de la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional determinó que Guerrero no tiene arraigo o podría representar un peligro de fuga y entorpecer la investigación en proceso.
“La justificación tendría que ser extremadamente buena para decir cómo esas dos personas que se saben en investigación, que han hecho vida aquí, social, empresarial, política, familiar, de educación, no tienen arraigo o representan algún peligro procesal”, añadió abogado, haciendo referencia también a José Ramón Peralta, ex ministro Administrativo de la Presidencia, a quien se le dictó igual medida en el denominado caso Calamar.
Eduardo Núñez indicó que es al referido órgano judicial que le corresponde justificar el por qué una persona que ha llevado una conducta procesal de cumplimiento ahora representaría peligro de fuga.
Pese a la indignación y frustración originada por las acusaciones, reconoció en su cliente a “una persona particularmente fuerte, con una estatura moral y de fortaleza humana increíble” que sostiene su inocencia.
Se recuerda que, el pasado 4 de abril la jueza Romero dictó 18 meses de prisión preventiva contra los exministros Donald Guerrero y José Ramón Peralta, acusados de corrupción administrativa en la operación Calamar.
En tanto, para el exministro de Obras Públicas, Gonzalo Castillo impuso arresto domiciliario, garantía económica de 20 millones de pesos e impedimento de salida del país.
