Como exfuncionario público, tengo el deber ineludible de rendir cuentas ante la ciudadanía, por lo que siempre he estado en la mejor disposición de informar a las autoridades que así lo requieran, sobre mis ejecutorias.
En este momento, personas de dudosa reputación se han dedicado a presentar denuncias sin fundamentos, respecto a supuestos actos de corrupción en los que pretenden involucrarme.
Por ello, me es menester responder y aclarar las publicaciones realizadas en algunos medios digitales, según los cuales se habría vuelto a presentar ante la PEPCA una querella en la que se menciona mi nombre, por lo que reitero, punto por punto, la declaración que realicé en mayo de 2021, sobre la misma situación.
A continuación, la declaración ya realizada, que toma ahora aún más sentido.
Mi declaración jurada de bienes y mi declaración anual ante la DGII están disponibles, con todas las informaciones de los ingresos obtenidos por mí y mi esposa y el detalle de todos los bienes a nuestro nombre, así como de la empresa familiar.
El Ministerio de la Presidencia, durante mi gestión, nunca intervino en la asignación de recursos provenientes del fondo de los combustibles.
Tampoco se compraron o gestionaron adquisiciones de entidades militares y/o policiales. Todas las contrataciones las hicieron las instituciones gestionadas por sus respectivas unidades de compras.
Todos los verdaderos interesados en conocer la verdad, tienen la posibilidad de consultar la Tesorería Nacional, solicitando una certificación donde se establezca si es verdad o no que esos fondos fueron autorizados por mí.
Las auditorías al MINPRE, solicitadas por mí durante los 8 años como ministro, fueron realizadas por empresas privadas independientes, así como por la Cámara de Cuentas y están disponibles en los archivos del Ministerio de la Presidencia y en la propia Cámara de Cuentas.
Las informaciones de esas auditorías muestran la forma responsable, transparente y pulcra en que se manejaron los recursos públicos del presupuesto institucional. Ninguna auditoría o informe de funcionario alguno reportó irregularidades de carácter penal en las operaciones del MINPRE ni del 911.
Confiamos en que la justicia actúe con ecuanimidad. No obstante, la ciudadanía debe hacer esfuerzos por poner freno a las denuncias irresponsables, realizadas sin pruebas ni evidencias. Con ello, evitaríamos también que esas acciones puedan dañar la imagen de la propia justicia.
Ensuciar y arrojar sombra impunemente sobre reputaciones ganadas durante toda una vida y con mucho esfuerzo, no ayudará a construir un mejor país y le hace un flaco favor a nuestra democracia.
