La Fundación Justicia y Transparencia (FJT) cuestionó este lunes el contrato de fideicomiso creado para administrar la termoeléctrica Punta Catalina por contener “violaciones” a la Constitución y a las leyes, así como indicios de privatización.
La organización informó en un comunicado de que ha entregado al Senado un análisis explicativo del alcance jurídico del contrato en el que plantea su improcedencia y denuncia “desinformaciones y manipulaciones” sobre el fideicomiso de Punta Catalina.
El contrato, remitido por el Poder Ejecutivo, fue aprobado recientemente por los diputados en una sesión liberada de trámites y establece que el fideicomiso estará manejado y dirigido “bajo una estructura marginada y ajena al ámbito estatal” por un periodo de 30 años.
El documento fue “debidamente registrado en la Cámara de Comercio y Producción de Santo Domingo, entidad receptora de las compañías comerciales de naturaleza privada”.
Finjus enumeró la irregularidades que ha detectado en diversos artículos del contrato, de los que “se infiere, indefectiblemente, la vocación que tendrá Punta Catalina de ser privatizada, con el consentimiento del Poder Ejecutivo y la aprobación del Comité Técnico” mediante mecanismos “enteramente privados”.
La entidad solicitó al Senado que deseche el contrato, ya que “llevaría al secretismo” el manejo de Punta Catalina, al entregarlo a un Comité Técnico cuyos integrantes se convertirían en sus “dueños, amos y señores”, usando “el subterfugio de un mal llamado fideicomiso público”.
A su entender, este modelo es “incluso peor que las fracasadas capitalizaciones” en las que el Estado recibía dinero como inversión, ya que “ahora no recibiríamos nada, por el contrario, tendríamos que entregarlo todo, más un millón de dólares y cien millones de pesos”, apuntó la organización.
Recientemente, el Ministerio de Energía y Minas emitió un comunicado afirmando que Punta Catalina “seguirá siendo propiedad enteramente estatal”, al constituirse en un fideicomiso público cuya administración financiera recaerá en el banco estatal Banreservas a través de la fiduciaria del mismo nombre.
La institución indicó que “es completamente falso e infundado afirmar que Punta Catalina se está privatizando o cediendo a algún grupo empresarial o a personas particulares”.
