Un grupo de 23 senadores someterá este martes un proyecto de ley para eliminar todas las exenciones fiscales, con el objetivo de que el Estado dominicano “disponga de los recursos necesarios que permitan resolver parte de los grandes problemas de la sociedad, sin necesidad de seguir endeudando al país con más préstamos».
Mediante un comunicado de prensa, explicaron que la eliminación de las exenciones fiscales a funcionarios públicos y a segmentos de la economía dominicana permitiría al Estado obtener los ingresos que necesita tras el embate económico derivado de la pandemia del covid-19 sin necesidad de realizar una reforma fiscal.
“Proponemos reducir el gasto tributario a su mínima expresión, que no es más que el monto de ingresos que el fisco deja de percibir al otorgar tratamiento preferencial a distintos sectores, eliminando todas exenciones, deducciones, créditos o pagos diferidos que contienen 39 leyes, cuyos montos ascienden a RD$217,487 millones anuales”, una suma que, según estimaron, representa el 4.44% del Producto Interno Bruto (PIB).
Entre los puntos a destacar, proponen suprimir todas las exoneraciones de vehículos y de cualquier naturaleza que reciben senadores, diputados y demás integrantes del Congreso Nacional, así como derogar todas las exoneraciones de vehículos “y de cualquier naturaleza que reciban los jueces de la Suprema Corte de Justicia, del Tribunal Constitucional, miembros del Ministerio Público y de los representantes del Servicio Exterior”.
Asimismo, cumplir en un plazo no mayor de tres meses a partir de la entrada en vigencia del proyecto de ley, un ajuste de sueldo conforme a las disposiciones de la Ley 105-13 sobre regulación salarial del Estado dominicano “a fin de que ningún funcionario público pueda tener un salario mayor que el del presidente y vicepresidente de la República”.
“De esta manera los salarios de las instituciones financieras: Banco Central, Junta Monetaria, Superintendencia de Bancos, Banco de Reservas, Superintendencia de Valores y otras tales como Pro Competencia, Defensor del Pueblo, Dirección General de Impuestos Internos, Ministerio de Hacienda, Consejos de instituciones del sector eléctrico, entre otros, se establezcan con estricto apego al mandato de la ley”, establece el comunicado de prensa.
De igual forma, se propone reducir el gasto de publicidad de RD$4,800 millones de pesos a RD$2,000 millones para el año 2022, consignado en el Presupuesto General del Estado.
La propuesta de ley impediría que alguna institución de Estado puede adquirir un vehículo superior a RD$30,000 dólares para ser asignados a funcionarios públicos, excepto el presidente y vicepresidente de la República.
También se propone derogar todas las leyes sobre exoneraciones a miembros del poder judicial de carrera, entre otros sectores económicos como turismo, energía, automotriz no convencional, textiles, cinematográfica, minería e industria.
Quedarán derogadas, además los párrafos 1 y 2 de la Ley 11-92 del Código Tributario; el párrafo del artículo 112 de la Ley General de Electricidad No. 125-01; los artículos 9, 19 y 20 de la Ley No. 92-04 sobre prevención de riesgos; el párrafo 1 del artículo 19 de la Ley No. 253-12 de fortalecimiento y sostenibilidad fiscal; el párrafo 5 del artículo 23 de la Ley 557-05, de Reforma Tributaria y el numeral 8 del artículo 74 de la Ley 133-11 Orgánica del Ministerio Público.
“Finalmente, queda derogada toda ley que disponga exoneraciones de impuestos de importación para vehículos en beneficio de funcionarios públicos del gobierno central, de los poderes del Estado y de los órganos extra poder”, concluye el documento compartido a la prensa.
