SANTO DOMINGO.- La senadora Faride Raful expresó hoy que para hacerle frente a la corrupción y al narcotráfico se necesita voluntad e independencia, y que el hecho de que se estén abriendo procesos de investigación es un paso de avance del que «todos debemos sentirnos orgullosos».
«Así se construye institucionalidad», indicó la legisladora en su cuenta de Twitter.
Agregó que por más resistencia que conlleven los cambios a favor de un país de más legalidad y con más oportunidades, «la ruta está marcada. Vamos a contribuir, como prometimos, a acabar con la impunidad de un sistema que socava las bases para tener un país de mayor justicia social».
Operación Falcón
Los cabecillas de la que pudiera ser la red que movilizó más drogas desde la República Dominicana en la historia del narcotráfico eran desconocidos para la vida pública y social, convirtiéndose prácticamente en invisibles.
La invisibilidad como modalidad de los capos de la droga fue asumida a la perfección por Erick Rhandiel Mosquea Polanco (prófugo) y Juan José de la Cruz Morales, quienes se distanciaron de antecesores como José David Figueroa Agosto o César Emilio Peralta (El Abusador), los cuales alcanzaron notoriedad por su ostentosa vida social.
Según el expediente del Ministerio Publico, para desviar la atención Mosquea Polanco y de la Cruz Morales utilizaban a miembros de sus familias y amistades para crear empresas y comprar propiedades para el lavado de activos producto de sus actividades del narcotráfico.
La red desmantelada la semana pasada mediante la denominada Operación Falcón es acusada por las autoridades de traficar 2,500 kilos de cocaína semanales desde 2012, sin embargo, sus operaciones son registradas por organismos de inteligencia desde años anteriores y existen evidencias de que se incrementaron a partir del año 2017.
La solicitud de medida de coerción establece que en dicho periodo solo entre República Dominicana y Puerto Rico a la red se le decomisaron aproximadamente 8,500 kilos de cocaína, lo que evidencia el clima de impunidad en que actuaban.
Entre estos decomisos se encuentra uno de 1,786 kilogramos de cocaína requisados en noviembre de 2016 y calificado en ese entonces como el mayor ocupado en ese territorio.
Lavado
Las autoridades estiman, preliminarmente, que producto de las acciones criminales el entramado internacional con ramificaciones en varios países hizo inversiones en el país por aproximadamente RD$10 mil millones, pero es necesario reconocer que esta estimación es con base en elementos objetivos, no obstante, sus operaciones ilícitas generaron cantidades muy por encima de estas estimaciones.
Agrega que Mosquea Polanco y de la Cruz Morales mantenían con su centro de operaciones y lavado de activos en la Zona Norte de la República Dominicana, específicamente en la ciudad de Santiago, con ramificaciones de operación en la zona Este del país.
Ambos, para coordinar las actividades de narcotráfico con los demás miembros de esta organización criminal, se comunicaban mediante la plataforma BlackBerry BBM-PIN, muy usada durante varios años atrás, debido a que se consideraba de alto nivel de seguridad de la información y de difícil interceptación; además de que este servicio de mensajería les permitía utilizar usuarios, en vez de utilizar sus nombres reales.
Antecedentes
La acusación refiere que “Mosquea Polanco, de quien se desconoce su paradero, ha sido investigado desde el año 2012, aunque ya para ese tiempo era un reconocido narcotraficante, en la operación del caso “CALETAS”, que tenía como cabecilla a los hermanos Buitrago, de quienes Erick obtenía grandes cargamentos de drogas procedentes de Suramérica”.
Por el mismo caso fue condenada por lavado de activos María Olimpia Tavares Rodríguez (alias Oli o La Princesa), hoy imputada del presente entramado, por continuar en las actividades criminales.
En tanto que el rol de de la Cruz Morales, señalado como extraditable, se debió al control y dominio del medio marítimo por recibir los cargamentos de drogas, provenientes desde Suramérica, que ingresaban por la zona Este del país y quien coordinaba los envíos hacia el extranjero.
Junto a de la Cruz Morales fueron apresadas 21 personas mediante operativos que alcanzaron 100 allanamientos desplegados en nueve provincias del país y que requirió más de 60 fiscales y más de 200 policías y militares.