La procuradora adjunta Yeni Berenice Reynoso deploró este miércoles que la defensa de Juan Alexis Medina Sánchez insista en pedir nuevos aplazamientos para el conocimiento de la revisión obligatoria a la medida de coerción contra el imputado de corrupción y lavado de activos como parte de la red desarticulada por la Operación Anti Pulpo.
“Lo primero es que la defensa, sin razón, recusa al juez en un recurso de oposición y lo recusa porque le rechaza un pedimento; y (el juez) le rechaza porque no lleva razón: la defensa había pedido un aplazamiento hace 40 días. Le dieron 40 días y hoy vuelve y dice que la defensa no está preparada para conocer una revisión obligatoria”, enfatizó la titular de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público.
“Jurídicamente es improcedente que la defensa, que ya se le ha otorgado 40 días, vuelva a pedir más plazos”, añadió.
La defensa de Juan Alexis Medina Sánchez, encabezada por los abogados Carlos Salcedo y Julio Cury, recusó al juez Amauri Martínez, presidente del Tercer Juzgado de la Instrucción, quien conocía la revisión de la medida de coerción en la Cuarta Sala Penal del Distrito Nacional.
La directora general de Persecución del Ministerio Público reafirmó que el Ministerio Público ha entregado a la defensa más de tres mil documentos que los abogados de Medina Sánchez solicitaron.
Calificó de “penoso” y “lamentable” que “cada vez que la defensa se queda sin argumentos, ante todas las pruebas y argumentaciones del Ministerio Público, recusa al juez”.
“Ya este es el segundo juez en este caso recusado por las mismas razones, lo decimos porque lo lamentamos, aunque la recusación es el ejercicio de un derecho, pero así no se fortalece el sistema de justicia”, dijo Reynoso.
La titular de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público deploró que en un tiempo breve la barra de la defensa planteó 11 conceptos injuriosos en contra del juez Martínez. “Eso en derecho no debería ser admisible o válido, más cuando hay personas que están formadas jurídicamente y, lamentablemente, cuando carecen de argumentos jurídicos lo que hacen es que recurren a faltarle el respeto al juez o al tribunal”.
Insistió en que el Ministerio Público rechaza que se falte el respeto a los jueces, por ser una postura que se aparta del Estado de derecho.
Reynoso, al momento de responder las preguntas de los periodistas que cubren el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, reafirmó que el Ministerio Público trabaja duro para presentar la acusación formal contra Medina Sánchez y los demás imputados, arrestados mediante allanamientos simultáneos de la Operación Anti Pulpo, el 29 de noviembre de 2020, en un caso que a principios de diciembre de ese año fue declarado complejo por la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional.
Medina Sánchez está acusado de formar parte de un entramado de corrupción que se enriqueció a costa de los recursos de los contribuyentes, valiéndose de su vínculo familiar directo con el poder político, en calidad de hermano del entonces presidente Danilo Medina (2012-2020). Sus empresas de carpeta, creadas para operar como suplidoras del Estado, no registraban ni el capital ni el personal necesarios para ofrecer los servicios para los que fueron contratadas en forma privilegiada por diferentes instituciones públicas.
Los jueces ya ratificaron las medidas de coerción contra los coimputados Fernando Rosa, exdirector del Fondo Patrimonial de la Empresa Reformada (Fonper); Francisco Pagán Rodríguez y Aquiles Alejandro Christopher, ex director general y ex director de Fiscalización de la Oisoe, respectivamente; Wacal Vernavel Méndez Pineda, tesorero de las empresas creadas por Medina Sánchez; así como Julián Esteban Suriel Suazo y José Dolores Santana Carmona, acusados de testaferros de Medina Sánchez. Este grupo cumple prisión preventiva en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Hombres.
Lorenzo Wilfredo (Freddy) Hidalgo Núñez, exministro de Salud Pública, cumple arresto domiciliario, mientras Carmen Magalys Medina Sánchez, hermana de Alexis Medina Sánchez y ex vicepresidenta administrativa del Fonper, permanece en un espacio controlado con un localizador electrónico.
El ex contralor general Rafael Antonio Germosén permanece en arresto domiciliario, mientras que Domingo Antonio Santiago, otro de los acusados de ser prestanombres del cabecilla de la red, debe cumplir con una presentación periódica ante los órganos persecutores del Ministerio Público.
De acuerdo con la acusación surgida de la Operación Anti Pulpo, el monto del dinero que logró sustraer este entramado criminal al Estado dominicano es un dato en proceso de actualización porque, según han avanzado las investigaciones, las cifras continúan en aumento, como revelaron los fiscales que trabajan en el caso.
