Santo Domingo. – Los dos imputados en el caso Calamar que desde hace siete meses ingresaron a la cárcel Najayo bajo los cargos de corrupción, han salido poco a poco del centro penitenciario tras lograr que los tribunales cesen la prisión preventiva que les impusieron.
El primero fue el exministro de Hacienda, Donald Guerrero. El pasado 19 de octubre los jueces Rafael Báez, Doris Pujols y Daisy Indhira Montás, de la Primera Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación, les variaron la medida de coerción, de prisión preventiva a presentación periódica.
Las ponderaciones del tribunal destacaron que Guerrero “no presenta peligro de fuga ni ha obstruido la investigación desde que se inició hace más de 3 años”.
Guerrero ahora cumple con presentación periódica, impedimento de salida del país y pagó cinco millones de pesos de garantía económica a través de una compañía aseguradora.
Peralta sale en libertad bajo fianza
El último en ser favorecido fue el exministro Administrativo de la Presidencia, José Ramón Peralta.
Desde ayer sus abogados se encuentran realizando los trámites de lugar para sacar del recinto al exfuncionario, por disposición de la jueza interina del Segundo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, Ana Lee Florimón, que decidió esto en revisión obligatoria de la medida.
El exfuncionario cumplía prisión preventiva, en la cárcel de Najayo Hombres por su presunta vinculación en el caso de corrupción administrativa denominado Calamar.
Ahora la jueza Ana Lee Florimón le varió la medida preventiva por presentación periódica, impedimento de salida del país y al pago de 4.5 millones de pesos como garantía económica a través de una compañía aseguradora.
A diferencia de otros casos de corrupción que ha llevado la actual administración del Ministerio Público, el cese de la prisión preventiva de los dos imputados del caso Calamar se ha dado mucho antes que cumplan los 18 meses que le ha dictado un juez al declarar el caso complejo y que es el tiempo máximo que establece la normativa procesal penal.
Aunque los ambos imputados pidieron que se les quite la prisión preventiva y no se les imponga ninguna medida de coerción, los jueces de ambos tribunales han decidido disponer para ellos presentación periódica, impedimento de salida del país, como también el pago de garantías económicas mediante aseguradoras, cuyos montos oscilan entre 4.5 y 5 millones de pesos.
Incluso, en busca de su libertad, los exministros Donald Guerrero y José Ramón Peralta recurrieron en septiembre ante el Tribunal Constitucional (TC) la confirmación de la prisión que hizo la corte en junio pasado. Ahora está pendiente que el TC conozca el recurso.
Hay 14 imputados en este caso contra quienes el Ministerio Público no solicitó medida de coerción luego de que ellos admitieran los hechos y colaboraran con la investigación. Los 20 imputados del caso Calamar están acusados de sustraer más de 19 mil millones de pesos al Estado en pagos irregulares por expropiaciones de terrenos públicos y en sobornos de campaña política.
Preguntas sobre acuerdos con Ramón Emilio Jiménez (Mimilo), Fernando Crisóstomo y José Arturo Ureña
Por las medidas de coerción solicitadas por el Ministerio Público, quedó en evidencia que las fuentes más contundentes y la documentación entregada provenía de los señores Ramón Emilio Jiménez (Mimilo), Fernando Crisóstomo y José Arturo Ureña. Quedó muy claro, de acuerdo al relato que hizo el Ministerio Público, que Mimilo, Crisóstomo y Ureña, fueron parte del entramado, administraron recursos, recibieron miles de millones de pesos, dispusieron de ellos, y acordaron con las autoridades devolver ese dinero y aportar las pruebas para consolidar la acusación contra los ex funcionarios gubernamentales.
Ni Crisóstomo, ni Mimilo, ni Ureña fueron incluidos en las solicitudes de medidas de coerción del Ministerio Público, del 21 de marzo de este año.
Aparte de estos tres, que son testigos clave del proceso, otros 14 imputados admitieron su responsabilidad ante el Ministerio Público. Fueron los siguientes:
Ángel Lockward, Alejandro Constanzo, Roberto Santiago Moquete, Marcial Reyes, Ana Linda Fernández, Emir Fernández de Paola, Oscar Chalas Guerrero, Rafael Parmenio Rodríguez, Agustín Mejía Ávila, Víctor Matías Encarnación, Luis Omar Fernández Figueroa, Yajaira Brito Encarnación Brito, Ramón David Hernández, y Claudio Silver.
Para la mayoría de estas personas, el Ministerio Público solicitó prisión domiciliaria, pero para los tres testigos estrellas no se pidió absolutamente nada.
Han pasado siete meses desde que se emitieron las decisiones del tribunal con las medidas de coerción, y el país aún no ha conocido que el Ministerio Público presente la naturaleza de los acuerdos con Mimilo, Crisóstomo y Ureña.
¿Cuánto es el monto que deberán devolver del dinero sustraído?
¿Cuál es la pena que tendrán que pagar por sus actos delictivos?
¿Cuál es la condición que tienen en este momento y en los siete meses que han transcurrido?
En caso de enfermarse, cualquiera de ellos, ¿cuál es la condición que tienen ante las autoridades del Ministerio Público?
Estas personas ¿ya devolvieron el dinero que se comprometieron a devolver?
¿Seguirá vigilando el Ministerio Público los movimientos y actividades de estas personas?
¿Son ciudadanos normales, en plena libertad, para salir del país, vacacionar, distraer fondos, seguir realizando actividades comerciales como ciudadanos comunes y corrientes?
Son muchas las preguntas que hay que hacer sobre la naturaleza de la libertad que gozan estos señores. Y sería bueno saber si el Ministerio Público planea, en su cronograma, dar a conocer los acuerdos con estos señores. Si, por desgracia, uno de ellos falleciera en estos momentos -por ejemplo, a causa de un dengue- ¿en qué pie quedaría el Ministerio Público con las pruebas que esta persona haya entregado?
