Puerto Príncipe.- Un fotógrafo muerto en un tiroteo. Un paciente de 80 años ejecutado en un quirófano de un hospital. Una pareja decapitada cuando cerraba su pequeña tienda al final del día.
Un nuevo reporte publicado por un grupo de derechos humanos de Haití detalla la espantosa violencia desatada este año por las pandillas que matan, violan y mutilan con impunidad ante el vacío político.
“Este año es mucho peor y todo es por las bandas. Tienen mucho más poder y ocupan más espacio”, dijo el jueves Pierre Espérance, director ejecutivo de la Red Nacional de Defensa de los Derechos Humanos.
El grupo trata de que los responsables rindan cuentas y se apoya en gente sobre el terreno para recopilar los hombres, edades y ocupaciones de las víctimas para garantizar que no quedan en el anonimato en pleno repunte de decesos. Los asesinatos son difíciles de rastrear y no se denuncian ante un departamento de policía falto de fondos y recursos que está sobrepasado por las pandillas.
En total, más de 1.550 personas han sido asesinadas en todo Haití, y más de 820 resultaron heridas, entre enero y el 22 de marzo, apuntó Naciones Unidas.
Según el reporte publicado el miércoles por el grupo, siete de las víctimas mortales navegaban al oeste de Puerto Príncipe en un barco que proporcionaba transporte público; nueve estaban en un bus que circulaba por la principal carretera que conecta la capital con la región de Artibonite, en el centro del país, y un sargento del cuartel general de las Fuerzas Armadas de Haití falleció tras ser alcanzado en la cabeza por una bala perdida.
Entre los muertos hay también un niño de 7 años, una mujer que dirigía una escuela femenina, un jugador de baloncesto de 28 años, el jefe de contabilidad de la Secretaria de Estado de Alfabetización, y un reportero deportivo de 26 años que recibió el impacto de una bala perdida en su casa.
El reporte detalla también ataques armados generalizados a varios vecindarios, que se cobraron la vida de al menos 67 personas y en los que se prendió fuego a las casas, obligando a los sobrevivientes a escapar. Unas 17.000 personas se han quedado sin hogar y muchas están hacinadas en atestados albergues improvisados.
A principios de marzo, algunos de los que huían buscaron refugio en las instalaciones del Instituto de Bienestar Social e Investigación, pero la policía arremetió contra la multitud en una confrontación que terminó con el deceso de un chico de 14 años, apuntó el informe.
Las violaciones grupales también son habituales durante los ataques a los barrios y entre enero y marzo se reportaron al menos 64. Se cree que la cifra real es mucho más alta pero que no se denuncian por el estigma que rodea a las agresiones sexuales.
Entre los heridos había una mujer con la mandíbula destrozada por una bala perdida, según el reporte.
Ante la incesante violencia de las bandas, el personal médico intenta ayudar a los heridos y enfermeros. El mayor hospital público del país sigue cerrado, así como al menos una docena más de hospitales y clínicas más pequeños. Además, escasean suministros básicos como el combustible, el oxígeno y los medicamentos, incluyendo los analgésicos, ya que el principal puerto del país sigue en su mayor parte cerrado y su principal aeropuerto no está operativo desde hace más de un mes.
“Como consecuencia, los pacientes deben pagar por todo”, apuntó el reporte.
En un hospital, las mujeres embarazadas deben presentar un documento que acredite que han comprado combustible para poder ser atendidas, indicó.
“La situación descrita en este documento, agravada por la violación del derecho a la libre circulación de bienes y servicios, amenaza con provocar una crisis humanitaria sin precedentes si no se adoptan medidas de inmediato”, aseveró el informe.
Muchos de los asesinatos se produjeron después de que las bandas lanzaron ataques a gran escala del 29 de febrero: incendiaron comisarías de policía, abrieron fuego contra el principal aeropuerto y asaltaron las dos mayores cárceles del país, liberando a más de 4.000 reos. Además, saquearon varios consulados y prendieron fuego a la vivienda del jefe de la Policía Nacional, según determinó el reporte.
Los ataques buscaban impedir el regreso del primer ministro, Ariel Henry, al país. El mandatario había viajado a Kenia para promover para el despliegue de una fuerza policial del país africano — respaldada por la ONU — en territorio haitiano. Sigue varado fuera del país.
Henry se ha comprometido a renunciar una vez que se cree un consejo de transición que nombre a un nuevo primer ministro y un nuevo gobierno. Pero la Red Nacional de Defensa de los Derechos Humanos se mostró preocupada por la nueva entidad, ya que varios de sus miembros proceden de sectores que “no inspiran confianza, debido a su comportamiento pasado o presente”.
“Es deber de la población mantenerse vigilante y monitorear todas las decisiones y acciones del consejo para evitar el saqueo de las arcas del Estado y que se perpetren actos de corrupción”, añadió el informe.
De acuerdo con la investigación, se produjeron al menos 48 secuestros para pedir rescates. Entre las víctimas figuraban un juez, un cura, un alcalde, un reconocido doctor, un vendedor ambulante, seis monjas y casi una docena de pasajeros de un bus.
Espérance culpó de la situación actual a lo que calificó como complicidad entre las pandillas, la policía y la élite del país, y destacó que la policía nacional está sobrepasada. “No pueden funcionar”, afirmó durante una entrevista telefónica. “Las bandas están muy cómodas”.
El jueves, activistas y legisladores de Estados Unidos ofrecieron una conferencia de prensa en la que alertaron sobre la situación en Haití al tiempo que pedían la paralización de las deportaciones de haitianos que residen en el país, entre otras cosas.
“Todo lo que no sea eso, es una sentencia de muerte”, dijo Ayanna Pressley representante demócrata de Massachusetts.
