La Fundación Primero Justicia, sometió a la acción de la Justicia, al Vicepresidente de la CDEEE, Andrés Astacio, conjuntamente con los abogados Miguel Ernesto Valerio Jiminián, Luis Julio Jiménez y Ramón Emilio Núñez Núñez, acusados de Estafa agravada en contra el Estado Dominicano, Prevaricación, Asociación de Malhechores y Lavado de activos, mediante la adjudicación fraudulenta, de grado a grado, de contratos que obligan a EDESU
R, EDENORTE Y EDESTE, a pagar a cinco oficinas de abogados, todas vinculados al anterior gobierno, la friolera de
US$6,915,000.00 de dólares, y sin autorización del Consejo de Directores, autorizó pagar hasta la suma RD$3,000,000,000.00, equivalentes al 6% del monto recuperado partiendo de los daños, estimados en RD$50,000 millones de pesos; en violación de la Ley 340-06, tal y como lo confirmó la resolución No. RIC-69-2021, de fecha 24 de marzo del 2021, emitida por la Compras y Contrataciones.
Surun Hernández, recordó que las contrataciones publicas realizadas de grado a grado, en violación de la ley 340-06, constituyen el “modus operandis” de las organizaciones criminales dedicadas a la sustracción de fondos públicos, resultando sospechoso que se suscribieran contratos en moneda extrajera, cuando dicha practica fue prohibida, con el agravante que los referidos contratos contemplan exorbitantes compromisos de pago
no autorizados por los consejos de administración, como es el 6% del monto
recuperado, y su liquidación sobre el valor de los bienes incautados o embargados, en caso de terminación contractual o en caso de venta de las EDES.
Manifestó que la Fundación Primero Justicia, Inc., tiene la seguridad de que dichas acciones, no cuentan con la anuencia del Presidente Luis Abinader, hombre honesto, con un verdadero proyecto de Nación, que no puede ser torpedeado por uno de sus Ministros, que pretende endosar el Estado Dominicano a un grupo económico, ejerciendo amenazas y chantajes a otros funcionarios, para actúen en violación a la Ley, persiguiendo a sus adversarios o beneficiando a sus allegados, como es el caso de los citados contrato, donde 3 de los 5 abogados contratado por las EDES, pertenece al
grupo económico del Ministro.
Lo Fundación Primero Justicia hace un llamado al Ministerio Publico, para que defienda el patrimonio Estatal, iniciando las pesquisas de lugar.
