Santo Domingo. – Trece de los 26 imputados en la Operación Cobra 2.0-A admitieron ante el tribunal los hechos atribuidos por el Ministerio Público, informó el procurador adjunto Wilson Camacho.
El director general de Persecución aseguró que el expediente cuenta con 706 elementos probatorios relacionados con el supuesto esquema que afectó al Seguro Nacional de Salud (SeNaSa).
El juez Rigoberto Sena se reservó la decisión sobre las medidas de coerción para el domingo 27 de septiembre, a las 7:00 de la noche.
Ministerio Público modifica solicitud para nueve imputados
Camacho explicó que una parte de los procesados mostró arrepentimiento y colaboró con la investigación.
Por esa razón, el Ministerio Público cambió su solicitud inicial de prisión preventiva y pidió arresto domiciliario para nueve personas.
La variación beneficia a Heidy Coronado Paulino, Lucreisy Polanco Núñez, Einstein Rafael Borromé Valdez y Carlos Job Ynoa Olivero.
También incluye a Engels Federico Díaz Mendoza, Rafael Mauricio Cabral González, Víctor Felipe Rodríguez García, Marcelino Eusebio Figuereo y Ray Ernesto Mercedes Lugo.
Camacho aclaró que admitir los hechos no pone fin al proceso penal, aunque la colaboración puede tomarse en cuenta al momento de establecer la coerción.
Solicitan prisión preventiva para 17 procesados
El Ministerio Público mantiene su petición de 18 meses de prisión preventiva para los otros 17 imputados.
También solicitó que el expediente sea declarado complejo por la cantidad de hechos, víctimas y personas que podrían estar vinculadas.
Entre los procesados para quienes se mantiene la petición de prisión figuran Angeury Guzmán Vásquez y Starky Atahualpa Arturo Rodríguez Nova.
La lista incluye además a la gastroenteróloga Ysabel Heredia Vallejo y a otros 14 profesionales de la medicina.
El órgano acusador considera que la prisión preventiva permitiría garantizar la continuidad de la investigación y la presencia de los imputados durante el proceso.
“Evidencia irrefutable” de la investigación
Camacho afirmó que las admisiones realizadas en el tribunal respaldan las imputaciones presentadas por el Ministerio Público.
“Esto es una evidencia irrefutable de la fortaleza y contundencia de la investigación”, sostuvo al concluir la audiencia.
El procurador adjunto espera que el juez imponga las medidas en los términos solicitados por el órgano persecutor.
Durante su intervención, también cuestionó los documentos presentados por las defensas para intentar demostrar el arraigo de sus representados.
Pepca dice que el caso afecta el derecho a la salud
La titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa, Mirna Ortiz, sostuvo que el expediente no debe analizarse únicamente por los montos involucrados.
“El bien jurídico protegido aquí es un derecho fundamental, que es el derecho a la salud”, manifestó.
Ortiz afirmó que parte del dinero investigado se habría entregado en efectivo, lo que dificulta seguir su recorrido mediante transacciones bancarias.
También aclaró que la investigación continúa abierta y que los hechos presentados en la solicitud de coerción no representan necesariamente la totalidad del caso.
Acusación vinculada con fondos de SeNaSa
El Ministerio Público atribuye a los procesados su participación en una estructura integrada por exempleados de SeNaSa, médicos y otras personas ligadas al sector salud.
La acusación incluye delitos como estafa contra el Estado, desfalco, soborno, falsificación, asociación de malhechores y lavado de activos.
Según el órgano investigador, el grupo habría utilizado procedimientos médicos, autorizaciones y programas sin respaldo jurídico para extraer recursos públicos.
Cobra 2.0-A forma parte de las líneas investigativas abiertas después de la primera fase de la Operación Cobra, que llevó al arresto del exdirector de SeNaSa Santiago Hazim y otros procesados.
