La noche del miércoles el Ministerio Público y arrestó a varios oficiales activos de diferentes cuerpos castrenses como parte de la Operación Coral 5G.
Entre los arrestados se encuentra Juan Carlos Torres Robiou, exjefe del Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (Cestur) y general de la Fuerza Aérea Dominicana (FAD).
Torres Robiou duró siete años en el Cestur. Institución que dejó por las implicacioenes que hizo el Ministerio Público en el expediente de la Operación Coral, puesto en marcha en abirl.
Su arresto se produjo «a altas horas de noche», y luego de que fuera interrogado por seis horas por el procurador adjunto Wilson Camacho, según lo relatado por su abogado Cándido Simón.
Tras los señalamientos del Ministerio Público en la Operación Coral, Torres Robiou había asegurado que si existieron irregularidades durante su gestión, como exdirector del Cestur, el “no las vio”.
De la misma manera, había explicado que como director solo firmaba nombramientos individuales de oficiales de alto rango. De los oficiales de bajo rango, señaló que el solo firmaba los documentos de nómina.
También alegó que el único que pudo intervenir en Cestur, para el beneficio del supuesto entramado de corrupción que desviaba fondos de esa entidad, era el coronel Rafael Núñez de Aza, quien está prisión por el caso Coral.
Investigación de Torres Robiou
En su investigación de la “Operación Coral” el Ministerio Público afirmó que una de las formas que usaba este entramado para desviar dinero era el nombramiento irregular de policías y militares en las nóminas del Cuerpo Especializado de Seguridad Presidencial (CUSEP) y del Cestur, que cobraban entre 20 mil y 70 mil pesos mensuales.
De ese monto los integrantes del supuesto grupo cobraban un porcentaje, a cambio de pequeñas dádivas.
En el expediente Coral, el MP señala que a la Procuraduría Especializada de Persecución a la Corrupción (Pepca) le pareció “en extremo sospechoso” el alquiler de un inmueble.
Se trataba de un apartamento ubicado en El Portillo, provincia Samaná, por la que el general paga la suma mensual de 3,000 dólares, y que está a nombre de una de las empresas investigadas, Único Real State.
Dicha compañía es señalada como una de las empresas que la pastora Rossy Guzmán, otra imputada de la Operación Coral, le manejaba al jefe de seguridad del expresidente Danilo Medina, Adán Cáceres, principal acusado del caso.
Asimismo, Raúl Alejandro Girón Jiménez, otro imputado, durante un interrogatorio reveló que mensualmente recolectaba cerca de tres millones de pesos por nómina y que por “concepto de inteligencia” entregaba a Torres Robiou 500,000 pesos al mes pero que la cantidad podía ascender o disminuir.
