Santo Domingo. – El senador Antonio Taveras Guzmán sometió una propuesta de modificación a varios artículos de la Ley 74-25 con el objetivo de fortalecer las garantías de libertad de expresión y prensa, y adecuar los delitos contra el honor a los principios de legalidad y proporcionalidad.
«La iniciativa busca fortalecer el Estado de derecho y garantizar una protección más equilibrada de los derechos fundamentales, evitando que disposiciones penales ambiguas o desproporcionadas puedan limitar el ejercicio legítimo de la libertad de opinión, crítica e información», explicó el legislador.
Difamación sin prisión
Para el artículo 208, sobre difamación, la propuesta establece que solo sea sancionable la imputación pública de hechos falsos que afecten el honor de una persona. Elimina las penas de prisión y las sustituye por multas de tres a ocho salarios mínimos del sector público, además de la reparación civil.
Difamación extorsiva, con pena reducida
El artículo 209, que tipifica la difamación extorsiva, pasaría a ser una modalidad de difamación agravada. La pena actual de cinco a diez años se reduciría a un rango de quince días a un año de prisión menor, aplicable cuando la difamación busque obtener beneficios indebidos u obligar a una persona a actuar en perjuicio de sus intereses.
Injuria y protección de medios
El artículo 210, sobre injuria, eliminaría las penas de prisión y establecería únicamente multas de tres a ocho salarios mínimos y reparación civil.
La modificación al artículo 212 busca que ninguna infracción contra el honor o la vida privada pueda derivar en el cierre de medios, suspensión de actividades, revocación de licencias o incautación de equipos.
Derogación del ultraje a funcionarios
El senador propuso además derogar el artículo 310, que sanciona el ultraje a funcionario o servidor público, al considerar que otorga una protección penal privilegiada incompatible con el principio de igualdad ante la ley.
Según Taveras Guzmán, las modificaciones buscan modernizar el ordenamiento jurídico dominicano y alinearlo con la Constitución y los estándares internacionales de protección de derechos fundamentales.
