Santo Domingo.- La procuradora general Yeni Berenice Reynoso reaccionó este lunes a los autos de no ha lugar dictados en el caso Calamar y fue directa sobre los pasos que seguirá el Ministerio Público.
«El Ministerio Público, como órgano persecutor del Estado, tiene un mensaje claro, firme y definitivo para la ciudadanía: bajo ninguna circunstancia vamos a detener la lucha contra la corrupción», enfatizó en un comunicado.
Las pruebas, según Reynoso
La procuradora indicó que participó directamente en las investigaciones y conoce las pruebas de primera mano.
«Los fondos fueron recibidos por imputados favorecidos con la decisión. Las pruebas están. La acusación es pública y el país puede verla. Es evidente que la decisión contiene falencias procesales elementales que, incluso, un estudiante de Derecho podría identificar con facilidad», declaró.
Además, reveló un dato concreto sobre uno de los imputados beneficiados.
«Fuimos testigos de cómo un imputado, hoy favorecido con un no ha lugar, admitió en nuestra presencia y en la de sus abogados haber recibido más de 700 millones de pesos en efectivo, dinero proveniente de actos de corrupción», precisó.
La apelación, confirmada
Reynoso reafirmó que el Ministerio Público apelará la decisión del tribunal.
«Lo haremos porque las participaciones criminales acreditadas mediante testimonios directos, y corroboradas con decenas de pruebas, deben ser conocidas en un juicio de fondo», apuntó.
Un mensaje a quienes apuestan a la impunidad
La procuradora también respondió a quienes, según indicó, buscan obstaculizar el trabajo del Ministerio Público.
«Quienes apuestan a la impunidad pueden seguir gastando millones en campañas, mentiras e intentos de desnaturalizar la verdad. Sin embargo, el país debe saber algo con absoluta certeza: jamás van a doblegar nuestra voluntad inquebrantable de hacer lo correcto», afirmó.
Los números de la lucha anticorrupción
Reynoso recordó los avances del Ministerio Público en materia anticorrupción: 274 personas físicas y jurídicas acusadas, 74 condenas obtenidas, 174 autos de apertura a juicio y más de RD$6,000 millones decomisados.
