El abogado Ángel Lockward aseguró que la Resolución| de la Jueza Kenya Romero No. 17-02-2022 que ha circulado desde ayer en los medios de comunicación se basa en un “Informe de Auditoria” que ha sido declarado falso por el Contralor.
De acuerdo a Lockward, el Contralor ha dicho por escrito al tribunal que no había visto, ni firmado, ni tramitado dicho informe.
También recordó que por el uso de documentos falsos para obtener decisiones judiciales hace unos meses, la Suprema Corte de Justicia desestimó una imputación y la Quinta Sala del Tribunal Superior Administrativo condenó a un fiscal que obtuvo la decisión judicial al pago de RD$ 2.0 millones,
«El uso de un documento falso, corrompe toda la diligencia judicial que se haga con la resolución, los demás documentos que la integran, hasta donde puedo ver, son normales de lícito comercio, en relación con los casos que manejó mi oficina», expresó Lockward
Agregó: «Sobre todo porque la Jueza establece que el PEPCA, dice ‘estar apoderado de un Informe’, algo que ya sabemos que no es cierto según el Contralor: Eso no se ve ni en Haití y pedir información de 89 personas primero y luego de 206 compuesta por propietarios, abogados, etc. – no es investigar, es afectar los derechos fundamentales, hacer daño, innecesariamente».
El abogado expresó que no conoce a los exfuncionarios que menciona la resolución y recordó que el abogado que más pleitos llevó en contra del Gobierno del ex presidente Danilo Medina fue él.
«A dos de ellos, los demandé, en consecuencia, no hable con ninguno de ellos de los casos de mis clientes, ni estuve en sus despachos o en otros lugares tratándolos y, desde luego, solo puedo hablar de los expedientes que tramité de mis clientes, no del resto», aclaró.
Dijo que todo abogado y persona común sabe que si existe una propiedad – en este caso titulada – que el Estado ocupa o declara de utilidad pública por efecto de un decreto o de una ley, conforme a la Constitución y a las leyes 344 y 13-07, corresponde pagarla al Estado, previamente, «y en este caso, infelices ante un Estado violador del derecho de propiedad están cobrando – los nietos – 66 y 46 años después».
Sostuvo que cuando ocurre este tipo de situaciones, el Estado puede pagar amigablementesi hay acuerdo en el precio, para lo que se requiere de una tasación de la Dirección General del Catastro o con el índice de precios que está en la red, o judicialmente, cuando no hay acuerdo en el precio.
«En todos los casos que conozco, eso se cumplió|, aseveró Lockward.
Sobre las cesiones de crédito que sus clientes firmaron, el abogado dijo que estos lo hicieron ya que tenían derecho de disponer libremente de su dinero, no de dinero del Estado.
«No me podía oponer ¿qué abogado se puede oponer a que sus clientes – pobres – busquen medios para agilizar el pago de deudas tan viejas frente a un Estado que no paga?», cuestionó.
Corrige término
Ángel Lockward explicó que el término desfalco y defraudación al Estado está mal empleado puesto que, el Gobierno tenía la obligación de pagar y, los honorarios de los gestores que se cuestionan, no salieron del Estado, sino del dinero de los propietarios y de los abogados que cedieron parte de sus honorarios, lo que no implica que el Estado no persiga a estos por el pago de los impuestos por su actividad comercial, si no los pagaron.
«Esa es la única defraudación posible puesto que el Estado tiene las propiedades y pago menos de lo que valen en el mercado», subrayó.
Manifestó que falsamente se ha dicho, además, que las propiedades no se pueden transferir ya que algunas tienen litis; no obstante, dijo que las litis no impiden la transferencia y que, de igual manera, es una mentira.
«Por ejemplo, se indicó por falta de conocimiento de la materia que la propiedad de Bernardino Mercedes Parcela 613, parte del Aeropuerto de Las Américas expropiado en 1955, cuyo justiprecio se inició en el 2009 y fue fallado con precio y todo en el 2010, no se podía transferir por una litis y, sin embargo, el Registro de Títulos certifica que sí, que está libre de cargas y de gravámenes», expuso..
Lockward dijo que nadie duda que haciendo uso de una cifra escandalosa como lo es RD$ 19 mil millones supuestamente defraudado, se asombre a la opinión pública y se monte cualquier día un aparataje policial.
«Como dice la Magistrada German, para las gradas, empero a mediano plazo, eso al Estado puede salir costoso pues cuando se presenten los títulos, contratos de venta y calidades para vender, el que puede demandado y tener que volver a pagar RD$ 50 0 RD$ 60 mil millones, es el Gobierno y, eso debía preocupar al Presidente Abinader y a Miriam German que representan el interés económico del Estado», planteó.
Concluyó que se quiere asombrar a la gente con la «falacia» de una cifra estrafalaria para ocultar el uso de un documento falso como la base de una persecución.
