Santo Domingo. – Un mismo entramado empresarial gestiona la tecnología detrás de las cédulas, pasaportes y licencias de conducir de los dominicanos. Aunque los contratos parecen independientes, los hilos convergen en una misma empresa: Veridos GmbH, una firma alemana que también produce los documentos de identidad de Haití.
En total, las instituciones involucradas —Junta Central Electoral (JCE), Dirección General de Pasaportes (DGP) y Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant)— han adjudicado contratos que, sumados, superan los RD$11,000 millones.
Una red que conecta tres instituciones clave
En la JCE, Veridos figura como parte del consorcio EMDOC, encargado del nuevo sistema de cédulas. En el Intrant, aparece integrada al consorcio Mobility ID, que suministra el software y los chips de las licencias de conducir. Y en Pasaportes, el contrato PEEX-001-2024 establece que la empresa alemana será la única fabricante de las nuevas libretas.
La coincidencia no termina ahí. En los pliegos de licitación del Intrant, se hallaron documentos que corresponden al consorcio adjudicatario de la JCE. Expertos consultados advierten que estas coincidencias podrían reflejar una dependencia tecnológica concentrada en un único proveedor extranjero.
Una cuestión de soberanía digital
El artículo 260 de la Constitución Dominicana reconoce la identidad y la información de los ciudadanos como activos estratégicos del Estado. Sin embargo, entregar su control operativo a una red empresarial con presencia simultánea en Haití y otros países bajo investigación, plantea un dilema de soberanía.
Veridos ha enfrentado cuestionamientos en Kosovo, Guyana, Uganda, Nepal y la República Democrática del Congo, por temas relacionados con sobrecostos, dependencia tecnológica y evasión fiscal, según reportes internacionales.
Vacíos legales y concentración tecnológica
La Ley 340-06 de Compras y Contrataciones Públicas prohíbe prácticas que limiten la competencia o generen ventajas indebidas entre oferentes. No obstante, los tres contratos fueron adjudicados dentro de un mismo ecosistema corporativo, lo que genera interrogantes sobre la transparencia de los procesos.
En la práctica, esto no configura un monopolio legal, pero sí una concentración funcional del control documental del país. Quien administra los sistemas de identidad, controla la puerta de entrada a derechos fundamentales como el voto, el crédito o la movilidad.
Datos, poder y soberanía
En el siglo XXI, los datos personales son el nuevo petróleo. Por eso, la seguridad de la identidad nacional no solo depende de leyes o regulaciones, sino de infraestructuras digitales seguras, auditorías permanentes y control estatal directo.
El caso Veridos revela una verdad incómoda: en la era digital, la soberanía no se proclama, se cifra.
Con contenido de Reporte Especial de Julissa Cespedes
