Santo Domingo. – Decenas de ciudadanos, académicos y ambientalistas se congregaron este domingo frente al Jardín Botánico Nacional Dr. Rafael María Moscoso para formar una cadena humana en rechazo al proyecto vial promovido por el Gobierno, que implicaría intervenir parte de esta área protegida en Santo Domingo.
La protesta, que inició a las 9:00 a.m., reunió a estudiantes universitarios, representantes de organizaciones ecológicas, partidos políticos y ciudadanos preocupados por lo que califican como un atentado contra uno de los principales pulmones verdes de la capital.
El detonante de la movilización fue el anuncio de la ampliación de la avenida República de Colombia, que contempla la ocupación de una franja del Jardín Botánico. Aunque el Ministerio de Medio Ambiente asegura que la intervención será mínima —unos 200 metros cuadrados, equivalentes al 0.01 % del área total—, los manifestantes advierten que el precedente es inaceptable.
“La Constitución y la Ley 64-00 prohíben expresamente reducir el tamaño de un área protegida. Aunque se trate de un metro, sería un acto ilegal”, declaró una vocera del colectivo ciudadano que participó en la protesta.
Académicos también alzan la voz
La Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) se sumó al rechazo a través de un comunicado, donde expresó su preocupación por la amenaza a una institución que, además de refugiar biodiversidad, sirve como centro de enseñanza, investigación y educación ambiental.
“El Jardín Botánico no es solo un parque; es un laboratorio vivo que debe ser preservado íntegramente”, señala el documento de la UASD.
Gobierno minimiza impacto, pero crece el rechazo
Mientras las autoridades insisten en que se trata de una solución vial necesaria para mejorar la movilidad urbana, organizaciones defensoras del medio ambiente han cuestionado tanto la legalidad como la transparencia del proceso. Aseguran que no se ha realizado una consulta pública adecuada ni se ha presentado un estudio de impacto ambiental convincente.
La cadena humana de este domingo refleja un creciente malestar ciudadano frente a decisiones que, bajo el argumento del “progreso”, podrían vulnerar el patrimonio ecológico de la ciudad.
