El presidente reabre la economía a pesar del aumento de los nuevos contagios, que ya superan los 51.000 y ronda las 2.000 muertes.
Eva Álvarez se aferra a su bebé de 11 meses mientras ondea una bandera blanca en la que se lee ‘Una ayuda, por favor. Gracias’. Su otra hija de cinco años corretea junto a ella por unos jardines de una de las zonas acomodadas de Ciudad de Guatemala. Esta joven de 29 años lleva dos meses acudiendo cada mañana al semáforo de una carretera para intentar alimentar a sus dos hijas y pagar los pañales y el alquiler del cuarto en el que viven en un área vulnerable de la capital. Antes de que la pandemia del coronavirus irrumpiera en el país centroamericano el pasado 13 de marzo, Eva se dedicaba a vender empanadas de piña en la calle, donde ganaba unos 90 quetzales al día (10 euros). Con el coronavirus, las ventas bajaron y no le quedó más remedio que sumarse a las miles de personas que cada mañana salen a las calles con sus banderas blancas para implorar un poco de comida o dinero con el que sobrevivir un día más. En un país donde seis de cada 10 personas están en la pobreza o extrema pobreza, el cierre del transporte público y el toque de queda para evitar la expansión del virus ha agravado aún más su precaria situación.
Guatemala está sumida en un estado de calamidad decretado desde el 5 de marzo por el presidente, Alejandro Giammattei, quien lo ha aprovechado para solicitar al Congreso más de 14.000 millones de quetzales (1.680 millones de euros) para programas de ayudas económicas que sólo se han ejecutado en un 22%. Uno de ellos es el denominado ‘bono familia’, que consiste en una aportación de 1.000 quetzales mensuales (120 euros) durante tres meses para familias vulnerables. Para ello, se aprobó un presupuesto de 6.000 millones de quetzales (722 millones de euros), de los que solo se han gastado el 34%.
El presidente ha defendido que estos programas sociales van dirigidos a paliar los efectos económicos de la pandemia, que ya ha dejado en el país casi 2.000 personas fallecidas y más de 50.000 casos, si bien estas cifras se podrían multiplicar. Así lo ha anunciado el viceministro de Atención Primaria, Edwin Montúfar, quien augura que para marzo de 2021 y en un «escenario optimista», 1,2 millones de personas se habrían infectado con Covid-19 en Guatemala. Además, ha llegado a decir que el país no está preparado, teniendo en cuenta que sólo el 47% de los municipios cuenta con el primer nivel de atención en salud. Por su parte, el director de la Comisión Presidencial Contra el Coronavirus, Edwin Asturias, ha advertido de que, en el mes de octubre, los fallecidos podrían superar los 9.000 y reconoce que «la epidemia seguirá en Guatemala todo el 2021», razón por la cual «el Ministerio de Salud necesitará un presupuesto mínimo de 15.000 millones de quetzales (1.800 millones de euros)» para salir del «marasmo que hoy sufrimos».
Esta situación provocó que el pasado viernes se prorrogara en el Congreso por cuarta vez consecutiva el estado de calamidad, pese a la oposición de varios partidos que reprochaban al Ejecutivo la baja ejecución de los programas sociales y el desabastecimiento del sistema de salud. «No ha servido para nada la violación de derechos constitucionales y en los territorios la gente ve cómo curarse de la pandemia porque en los hospitales ya no se reciben a personas con esta enfermedad», denunció la diputada indígena del Movimiento para la Liberación de los Pueblos, Vicenta Jerónimo Jiménez. Censuró que el personal de salud «anda comprando el equipo de protección o recibiendo donaciones cual mendigos arriesgando la vida cuando ya tenemos muchos médicos (33) que han sucumbido a esta enfermedad por la incapacidad del Gobierno». Precisamente, la OMS envió esta semana 31 toneladas de mascarillas quirúrgicas, batas, guantes y gafas protectoras a Guatemala.
Pese a que la enfermedad no se frena y mantiene ocupadas ocho de cada 10 camas destinadas a pacientes con coronavirus en los hospitales públicos y el 95% de las camas para pacientes críticos, el presidente decidió el pasado domingo reabrir la economía tras cuatro meses de confinamiento parcial y restricción de movilidad. Para ello, implantó un sistema de semáforos que se irá modificando cada 15 días. Así, actualmente, hay 158 municipios en alerta roja, entre ellos la capital, 109 en anaranjada y 73 en amarilla. Ello permitió la puesta en marcha el pasado viernes del transporte público en Ciudad de Guatemala con el 50% de su capacidad, así como la apertura de los centros comerciales. «A Guatemala no la va a detener un virus ni nada en tanto la responsabilidad de cada uno de nosotros haga que combatamos esta enfermedad», aseguró el jefe del Ejecutivo. En esta misma línea, la Ministra de Salud, Amelia Flores, dejó claro tras la «apertura progresiva» de la economía que «no es una fiesta», por lo que «la responsabilidad de aquí en adelante es de la población» para evitar nuevos contagios. Instó a evitar «aglomeraciones» como las que se formaron en el principal mercado del país el primer día de apertura y en el que, según un vídeo difundido por el Ministerio de Salud, muchas personas no portaban la mascarilla, que es obligatoria desde el 13 de abril.
El Gobierno de Guatemala se encomienda ahora a la mascarilla, al distanciamiento social y al lavado de manos para reducir la cifra de nuevos casos, que rondan los 1.200 diarios, y se ha propuesto como objetivo realizar 5.000 pruebas diarias. Para ello, ha distribuido 120.000 pruebas de antígeno en centros de salud, al tiempo que tiene previsto comprar otras 500.000. Asimismo, ha comenzado a repartir kits de medicamentos para los pacientes positivos con síntomas leves de coronavirus.
«ARMA DE DOBLE FILO»
La Ministra ya ha reconocido que la apertura de la economía es un «arma de doble filo», pero insiste en que «es el momento de que nos responsabilicemos los guatemaltecos en el abordaje de la epidemia» coincidiendo con el reinicio de las actividades, que pretende «ayudar a las empresas formales», que han suspendido de empleo a casi 150.000 trabajadores, «y a los comerciantes informales (70% de la economía), que están pasando de la pobreza a pobreza extrema».
Este mensaje no convence a todo el mundo. «Sálvese quien pueda», manifiesta un joven de 29 años residente en uno de los múltiples asentamientos ubicados en barrancos de Ciudad de Guatemala, donde se concentra la pobreza que no ha logrado paliar la ayuda prometida por el Gobierno. «¿Qué hizo el ejecutivo con el dinero aprobado en el Congreso?, se pregunta la diputada Evelyn Morataya, quien recuerda que en los últimos meses la población «ya cumplió quedándose en casa y los millones no llegan donde tienen que llegar, por lo que hay más niños con hambre en el país».
Vía: elmundo.es
