La procuradora general de la República, Miriam Germán Brito, ordenó una investigación sobre la actuación del fiscal que retiró los cargos en una audiencia celebrada en Montecristi contra una exfiscalizadora y cuatro agentes antinarcóticos, procesados por implantar drogas, en el allanamiento a una peluquería ubicada en Villa Vásquez.
Germán Brito apoderó de la investigación a la Inspectoría General del Ministerio Público, para conocer las razones que motivaron el accionar del procurador general de corte Antonio de Jesús Báez Tapia, quien representó al Ministerio Público
“Desde que tuvimos conocimiento de lo sucedido en la audiencia, instruimos al inspector Juan Medina de los Santos para que levante las informaciones que puedan llevar a establecer si hubo una actuación indebida que lleve a los órganos superiores del Ministerio Público a tomar los correctivos de lugar”, indicó Germán Brito en un comunicado.
En la audiencia, celebrada el 3 de este mes de mayo, el procurador de corte Báez Tapia representó al Ministerio Público ante el tribunal colegiado presidido por Mercedes María Reyes Jerez e integrado además por Jackeline de Jesús Toribio y Wendy Carolina Taveras Puello.
El procurador de corte y las juezas conocían el proceso contra la exfiscalizadora Carmen Lisset Núñez Peña. También, contra el mayor Víctor Ignacio Encarnación Cuevas, el capitán Juan de Dios Heredia Martínez y el cabo Adán Mauricio Rodríguez Pichardo, todos de la Policía Nacional y adscritos a la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), al igual que el cabo de la fuerza aérea Juan Antonio Arias Peguero.
El Ministerio Público acusaba a los cuatro procesados de colocar sustancias narcóticas durante un allanamiento en una barbería de Villa Vásquez, en agosto de 2019, un hecho que quedó registrado en un vídeo conocido por toda la población.
“La sociedad puede tener la confianza de que desde nuestra gestión jamás permitiremos una actuación inadecuada de algún miembro del Ministerio Público, ni por negligencia ni por ninguna otra razón”, dijo la magistrada Germán Brito.
“Tenemos la obligación de proceder con objetividad en todos los casos, sin importar quién sea la parte procesada”, puntualizó.
