Santo Domingo. – Una jueza de Santiago Rodríguez impuso medidas de coerción, consistentes en prisión domiciliaria, garantía económica e impedimento de salida del país contra el sacerdote católico Ancelmo Alejandro Peña Sánchez, imputado de abuso sexual.
El Ministerio Público había pedido la imposición de tres meses de prisión en un recinto penitenciario contra Peña Sánchez, a quien además se le impuso una garantía económica de 500 mil pesos mediante compañía aseguradora.
Los fiscales Rafael Antonio Bueno y Denis Guzmán representaron al Ministerio Público en la audiencia donde la jueza Norma Zapata, de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santiago Rodríguez, también dictó medidas de protección a favor de la víctima y sus familiares.
El tribunal, además, rechazó la solicitud de extinción de la acción penal por prescripción, presentada por la defensa técnica, al considerarla extemporánea y carente de fundamento, en razón de que se trata de un hecho presuntamente continuado. En ese contexto, dijo que debe tomarse en cuenta la fecha en que cesó la infracción, lo cual, indicó, no fue establecido de manera precisa por la defensa.
Al valorar los elementos presentados contra el imputado, la jueza consideró que existían suficientes motivos para imponerle las medidas restrictivas de libertad.
“El Ministerio Público reafirma su compromiso con la protección de los derechos de las víctimas”, afirmó la fiscal titular de Santiago Rodríguez, Sumaya Rodríguez Matías.
Dijo que el caso se maneja con la debida sensibilidad y el rigor que exige la naturaleza de los hechos imputados, garantizando a la sociedad que el Ministerio Público procurará justicia.
Peña Sánchez fue arrestado con orden judicial y posteriormente sometido a la justicia.
Las pesquisas en su contra iniciaron tras denuncias públicas de varias víctimas que señalaron haber sido agredidas sexualmente por el imputado, entre ellas, dos mujeres que aseguraron haber sufrido abusos desde que eran menores de edad, específicamente a los 12 y 14 años, situación que se habría prolongado durante varios años.
Una de las víctimas formalizó su denuncia el pasado 12 de septiembre de 2025, relatando que fue agredida por Peña Sánchez desde los 14 años, hechos que dijo continuaron, incluso, durante su adultez. Según su testimonio, conoció al imputado en el municipio Villa Los Almácigos, provincia Santiago Rodríguez, cuando este se desempeñaba como párroco de la Iglesia Nuestra Señora del Carmen.
El sacerdote frecuentaba el hogar de la víctima y se ganó la confianza de la familia, situación que aprovechó para acercarse a ella y cometer los abusos, valiéndose de manipulación, intimidación y amenazas.
Los hechos recibieron la calificación jurídica de violación a los artículos 309-1, 330, 331, 333 – 1, 2 y 332, que sancionan la agresión, violación y el acoso sexual, así como al artículo 396 del Código para el Sistema de Protección y los Derechos Fundamentales de Niños, Niñas y Adolescentes.
En el curso de la investigación se realizaron allanamientos debidamente autorizados en propiedades del imputado, donde se incautaron fotografías de víctimas, así como diversos objetos electrónicos (DVD, teléfonos móviles y memorias, entre otros) que serán analizados por las instituciones correspondientes.
El Ministerio Público dijo que continúa ampliando las investigaciones del caso.
