El exprocurador Jean Alain Rodríguez Sánchez, señalado como el cabecilliza de la red Medusa, habría solicitado dinero de soborno manera personal a allegados. Que luego fueron beneficiados con obras en la construcción de la Nueva Victoria. Esto con la excusa de que tenía presión de la casa grande, refiriéndose al Palacio de la Presidencia.
Así lo hace contar el expediente acusatorio depositado por Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA). En el mismo se narra que en octubre del año 2018, Jean Alain, se acercó a Paúl Martin Hasbun Saladin, ejecutivo de la empresa Strukturat LTD. Con quien mantenía una amistad producto de una relación laboral previa. Ambos pertenencia al Consejo de Administración de Domicen, asegurándole que estaría desarrollando un mega proyecto, acordando el pago de sobornos para incluirlo en el mismo.
Strukturat LTD, dirigida por Enrique Ernesto Bonetti Galván, beneficiada con el movimiento de tierra para la construcción del CCR la Nueva Victoria. Esta contratación es la Procuraduría-CCC-LPN-2018-0011, por un monto DOP$ 1,099,467,813.63. El contrato es del 17 de diciembre del 2018, según consta en el informe del PEPCA.
Meses más tarde, Jean Alain Rodríguez Sánchez, solicita parte del dinero acordado a Paul Martin Hasbun Saladin. Quien junto a Enrique Ernesto Bonetti Galván, en fecha 24 de junio del 2019, entregan en efectivo al exfuncionario, la cantidad de 977,516.00 dólares.
Según el expediente, dicha entrega se realizó en a la residencia de Jean Alain Rodríguez, concretizándose en este acto una clara operación de soborno y lavado de activos realizada de manera personal por el Procurador General de la República quien estaba llamado a perseguir el delito.
“La referida cantidad de dólares entregados el 24 de junio del 2019, es obtenida mediante una transferencia bancaria de DOP$ 50,000,000.00. Desde la cuenta de Strukturat, LTD, hacia la Cuenta No. 141-5000-160, del Banco de Progreso, a nombre de la Agencia de Cambio Quezada. En la agencia se compran los dólares, que a la tasa de dicha fecha hacían la cantidad de US$ 977,517.00. Los cuales fueron retirado en efectivo, el mismo día 24 de junio del 2019, por el señor Enrique Ernesto Bonetti Galván; con cargo a Strukturat, LTD”, destalla el grueso informe denominado Criminalidad Organizada Operación Medusa en su página 403.
Narra que «unos 15 días luego, Jean Alain Rodríguez Sánchez solicita a Paul Martin Hasbun Saladin, otra entrega de dinero, como pago final del compromiso arribado con la empresa Strukturat, LTD. A estos fines, el día 10 de julio del año 2019, Paul Martin Hasbun Saladin y Enrique Ernesto Bonetti Galván, se presenta en la residencia del acusado Jean Alain Rodríguez Sánchez. Y le entregan en efectivo la cantidad de trecientos noventa y ocho mil doscientos catorce dólares US$ 398,214.00.
“Como era habitual, esa cantidad de dólares es obtenida mediante una transferencia bancaria de DOP$ 20,567,753.10, realizada desde la cuenta de Strukturat, LTD, hacia la cuenta No. 141-5000-160, del Banco de Progreso, a nombre de la Agencia de Cambio Quezada, donde se compran los dólares. Que a la tasa de dicha fecha hacían la cantidad de US$ 398,214.00 los cuales fueron retirado en efectivo. El mismo día 10 de junio del 2019, por el señor Enrique Ernesto Bonetti Galván, con cargo a Strukturat, LTD”, señala el documento.
Jean Alain ordenó destrucción de documentos
En el expediente, los investigadores también contactaron que la estructura dirigida por Jean Alain Rodríguez ordenó destruir todos los documentos del Ministerio Público que pudieran haber sido utilizado como elemento de prueba.
Revelan que «a mediados del mes julio y principios de agosto del año dos mil veinte (2020), justamente después de las “Elecciones Nacionales Presidenciales de 2020”, en la transición de gobierno, el ex Procurador hizo el esfuerzo de “no dejar información”. Por lo que se inició un operativo de destrucción masiva de documentos públicos.
Señalan que la documentación pertenecía a los procesos de compras y contrataciones públicas de la Procuraduría General. Y que el operativo de destrucción lo dirigido por el acusado Johannatan Loanders Medina Reyes.
“Para este operativo de destrucción de documentos públicos se instaló una máquina trituradora; esta fue utilizada, primero en la oficina del acusado Johannatan Loanders Medina Reyes, donde reposaban los documentos públicos en original y copias, de los procesos de compra. Para lo cual se instruyó a los técnicos en compras Jeniffer Paola Sánchez Rodríguez, Marleny Pérez y el acusado Francis Ramírez Moreno”, expresa el expediente acusatorio.
La razón argumentada por el acusado Johannatan Loanders Medina Reyes para ordenar destruir esos documentos públicos fue “dejar las oficinas limpias a la nueva gestión”.
