El presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, decretó este miércoles el estado de excepción en cuatro de las 24 provincias del país donde, según el gobierno, se “concentran la mayoría de actos violentos” de las protestas indígenas que cumplen 17 días.
La medida, sin embargo, no incluye Pichincha, cuya capital es Quito, donde la mayoría de unos 14.000 manifestantes están congregados.
La medida, tomada por una “grave conmoción interna”, involucra a las andinas Azuay e Imbabura y a las amazónicas Sucumbíos y Orellana, según el decreto difundido por la secretaría de Comunicación de la presidencia.
Estas provincias “concentran la mayoría de actos violentos que atentan contra la integridad física de las personas, provisión de combustible”, lo que afecta “el correcto funcionamiento de los sectores estratégicos vitales para la economía”, señala el documento.
Agrega que en esas jurisdicciones está en riesgo la seguridad de los ciudadanos, así como la provisión de alimentos, medicamentos, oxígeno para uso hospitalario y combustibles.
En el marco del estado de excepción, que se extenderá por 30 días, Lasso estableció como “zona de seguridad” los lugares donde se encuentran campos de explotación de petróleo en la Amazonía.
La producción petrolera de Ecuador ha disminuido a menos de la mitad debido a la toma y paralización de más de 2.200 pozos por parte de manifestantes, que reclaman una reducción de hasta 21% de precios de combustibles.
Al 12 de junio, un día antes del inicio de las protestas, el país -cuya dolarizada economía depende del crudo- producía unos 520.000 barriles diarios. El ministerio de Energía estimó que en dos semanas de protestas, la nación dejó de explotar alrededor de 1,3 millones de barriles.
La estatal Petroecuador activó este miércoles el mecanismo de “fuerza mayor” para una parte de sus compradores de crudo y evitar así castigos por incumplimientos en el despacho de los embarques. Las autoridades han alertado sobre el riesgo de que se paralice toda la producción.
El decreto permite la movilización de militares a las calles y la suspensión del derecho a la libre asociación. Además incluye un toque de queda nocturno de ocho horas para las provincias andinas y de 10 horas para las amazónicas.
Por Infobae.
