Santo Domingo.– Mientras el caso SeNaSa se consolida como el mayor escándalo de presunta corrupción administrativa que enfrenta el actual gobierno, los principales dirigentes del Partido Revolucionario Moderno (PRM) con aspiraciones presidenciales han mantenido silencio público sobre el tema, pese a haber hecho de la transparencia y la lucha contra la corrupción uno de los ejes centrales de su discurso político en procesos electorales recientes.
Figuras como el ministro de Turismo, David Collado; la alcaldesa y secretaria general del PRM, Carolina Mejía; el director general de Aduanas, Eduardo “Yayo” Sanz Lovatón; y el director del INAPA, Wellington Arnaud, quienes en 2020 y 2024 se presentaron como abanderados del cambio institucional y la ética en la gestión pública, no han emitido pronunciamientos públicos sobre la investigación que involucra al Seguro Nacional de Salud (SeNaSa), entidad que administra la cobertura médica de más de siete millones de dominicanos.
El contraste ha sido ampliamente comentado en redes sociales, donde ciudadanos cuestionan la ausencia de pronunciamientos frente a un caso que incluye acusaciones de sobornos millonarios, desfalco al Estado y una prisión preventiva impuesta contra exfuncionarios de alto nivel.
El Ministerio Público, a través de la denominada Operación Cobra, sostiene que desde la estructura de SeNaSa se habría articulado una red para desviar miles de millones de pesos, afectando directamente el sistema de seguridad social y el derecho a la salud de millones de afiliados.
Aunque el silencio no constituye una falta legal, analistas y usuarios en plataformas digitales señalan que, tratándose de dirigentes con aspiraciones presidenciales y con historial de discursos anticorrupción, la falta de reacción pública genera cuestionamientos sobre la coherencia entre el discurso político y la conducta actual ante una crisis institucional de gran magnitud.
Hasta el momento, ninguno de los presidenciables del PRM mencionados ha fijado posición pública sobre el caso SeNaSa, mientras el proceso judicial continúa bajo alta atención nacional y social.
