Santo Domingo. – El pastor evangélico Johan Manuel Castillo Ortega, conocido en su comunidad como “el hermano Johan”, fue condenado a 10 años de prisión por abusar sexualmente de seis niñas y adolescentes en Los Alcarrizos.
La sentencia fue emitida por el Cuarto Tribunal Colegiado de Santo Domingo Oeste, que además le impuso una multa de RD$100,000 al Estado y el pago de RD$1,000,000 de indemnización a favor de las víctimas. Castillo cumplirá su condena en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo-Hombres.
Cómo se destapó el caso
El 3 de junio de 2024, una madre denunció al pastor tras recibir desde Estados Unidos la llamada de una familiar que reveló los abusos cometidos contra su hija de 16 años.
Días después, el Ministerio Público inició la investigación, entrevistando a varias víctimas que relataron cómo Castillo aprovechaba su posición en la iglesia para agredirlas.
Los testimonios coinciden en que los abusos ocurrieron tanto en el sótano del templo como en la vivienda del pastor, donde invitaba a las niñas a compartir con sus hijas. Allí, según el expediente, les mostraba material pornográfico y realizaba tocamientos indebidos.
Pruebas y decisión del tribunal
La fiscal de investigación Olivia Sosa presentó un expediente con entrevistas forenses, informes psicológicos y testimonios que confirmaron el patrón de abuso.
Durante el juicio, los fiscales Sugely Valdez, Francheska Alcántara y Nicasio Pulinario demostraron que Castillo violó varios artículos del Código Penal Dominicano y de la Ley 136-03 de protección a niños, niñas y adolescentes.
Los jueces Julio de Los Santos Morla, Sandra Josefina Cruz Rosario y Clara Yoselin Rivera Franco dictaron la condena tras rechazar los alegatos de la defensa.
Una sentencia con mensaje
El caso de Johan Castillo refleja cómo el abuso puede esconderse bajo la apariencia de autoridad y fe. La condena marca un precedente al reconocer el daño a seis víctimas que rompieron el silencio.
Más allá de la sentencia, el reto es fortalecer la prevención de abusos sexuales en espacios religiosos, garantizar atención psicológica a las víctimas y reforzar la confianza en la justicia para que más niñas y adolescentes se atrevan a denunciar.
