Santo Domingo. – A propósito de que en breve tiempo el país estará sumergido en una amplia campaña proselitista, Participación Ciudadana quiere llamar la atención del Gobierno, los partidos, los órganos electorales y el público en general, acerca de lo que ha sido un tema tan recurrente como inadmisible, consistente en el uso de los recursos públicos para campaña.
Se trata del aprovechamiento del poder público para fines privados; es decir, de corrupción. En particular, destaca el uso abusivo de la publicidad estatal para resaltar la figura presidencial o de determinados funcionarios, promocionando supuestos logros, instituciones y obras de infraestructura que no ameritan propaganda, debido a que no conllevan valor de mercado para el consumidor.
El pasado 12 de mayo aparece en los medios una declaración pública del presidente Luis Abinader, mediante la cual manifiesta su disposición a mantenerse vigilante para impedir que los recursos del Estado sean usados en campaña, indicando que en su Gobierno no pasará lo que ha sido común en el pasado.
Pero tal parece que el presidente no ha visto los frecuentes anuncios del Ministerio de Obras Públicas, promocionando los supuestos progresos en la reparación de la Autopista Duarte como si se estuviera promoviendo un producto que se vende en los supermercados; o los habituales espacios pagados de Proconsumidor y la propia Presidencia, mostrando datos en que compara el costo de la canasta básica entre diferentes países, usando números claramente inventados.
Según datos publicados en la página web de la Dirección General de Presupuesto, durante el pasado año 2022 el Gobierno gastó RD$6,375 millones en publicidad y propaganda, lo que constituye casi el doble que lo destinado a ese fin el año anterior, cuando se habían gastado 3,651 millones de pesos.
Con eso, el presente gobierno casi iguala, en términos reales, las cifras escandalosas que acostumbraban gastar en propaganda los gobiernos del PLD que, en su año de mayor esplendor en el 2019, llegaron a gastar 6,995 millones de pesos, en valor actual, aunque en valores corrientes eran RD$5,215 millones.
Esto es mucho decir, toda vez que uno de los aspectos que más molestaban a la opinión pública del país, era la cantidad de anuncios, opiniones prepagadas y cantos de alabanza que se agenciaban con el dinero de los contribuyentes, cosas que se suponía iban a ser erradicadas con el cambio de gobierno.
El Consejo Nacional de Participación Ciudadana hace un enfático llamado a la Junta Central Electoral y al Tribunal Superior Electoral a asumir sus responsabilidades relativas a este tipo de propaganda.
Más aún, hay evidencia de que la pasada gestión de la Junta Central Electoral se hizo de la vista gorda ante la profusa campaña que llevaban a cabo candidatos a la presidencia o al Congreso con dinero sucio, habiendo aceptado informes con datos falseados sin ni siquiera investigar su veracidad, cuando estaba a la vista de todo el mundo el exceso que los propios protagonistas calificaran como la campaña más cara de la historia.
Y mucho más, cuando, si aceptamos como válidos los datos contenidos en el expediente de la Operación Calamar, a lo cual tenemos derecho porque fue admitido como verdad por la mayoría de los implicados, en adición a la publicidad gubernamental se usaron miles de millones de pesos gastados privadamente, pero pagados con fondos extraídos irregularmente del presupuesto público.
Siempre estamos confiados en que, dado el cambio de contexto, aquello no volverá a ocurrir, pero advertimos que no basta con el trabajo del Ministerio Público, pues la JCE tiene una misión indelegable en cuidar por la limpieza de la campaña, la limitación cuantitativa y la pulcritud cualitativa de los recursos usados. Igualmente esperamos la existencia de un régimen de consecuencias aplicables a quienes incumplan con las disposiciones al respecto.
