Santo Domingo.– El geólogo Osiris De León advirtió que el Parque Nacional Jaragua constituye un patrimonio ecológico nacional y no un bien económico privado, al referirse a la decisión del Tribunal Superior Administrativo (TSA) que ordena excluir más de 12 millones de metros cuadrados de esa área protegida en la provincia Pedernales.
“El Parque Nacional Jaragua es un patrimonio ecológico nacional, y no un patrimonio económico familiar”, afirmó De León, en alusión a los terrenos que serían entregados a herederos de la familia Gadala María.
El especialista recordó que, tras la salida voluntaria de la empresa Alcoa Exploration Company del país en 1982, el Estado dominicano recibió las instalaciones y derechos mineros sobre bauxitas y calizas en zonas como Cabo Rojo, Las Mercedes y El Aceitillar. Posteriormente, por recomendación del ingeniero Ramón Alburquerque, el Gobierno sometió al Congreso la creación de dos parques nacionales.
Detalló que desde 1983 estas áreas —el Parque Nacional Jaragua, de bosque seco costero, y el Parque Nacional Sierra de Bahoruco, de bosque nublado— forman parte del Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SINAP).
De León explicó que cualquier modificación de los límites de un parque nacional requiere obligatoriamente el conocimiento y aprobación del Congreso Nacional, en ambas cámaras y mediante vistas públicas, además de una reforma a la Ley Sectorial de Áreas Protegidas. “Eso solo puede ocurrir cuando existan razones de fuerza mayor y un interés nacional comprobado que beneficie al país”, señaló.
En ese sentido, alertó que un tribunal contencioso-administrativo no tiene facultad para ordenar la reducción de un parque nacional sin que previamente se haya modificado la legislación vigente y sin la promulgación de una nueva ley por parte del Poder Ejecutivo.
“El cambio de las leyes es una potestad exclusiva del Congreso Nacional, conforme al artículo 93 de la Constitución”, subrayó el geólogo, quien es miembro de la Academia de Ciencias desde 1997 y exconsejero científico de la Comisión Nacional para el Medio Ambiente.
Asimismo, sostuvo que el interés ambiental nacional debe prevalecer sobre cualquier interés económico particular, y que cualquier decisión sobre áreas protegidas debe basarse en estudios científicos sobre flora, fauna, suelos y recursos hídricos, respetando el ordenamiento jurídico y los compromisos internacionales del país.
La posición de De León coincide con la de varios ambientalistas que han expresado su desacuerdo con la decisión del TSA respecto al Parque Nacional Jaragua, considerado una de las áreas de mayor valor ecológico de las Antillas por la diversidad y endemismo de sus ecosistemas terrestres y marino-costeros.
