Santo Domingo. – El Ministerio Público afirmó que la Operación Cobra destapó un esquema de corrupción administrativa mediante el cual un grupo de imputados habría obtenido miles de millones de pesos en sobornos, afectando directamente los recursos del Seguro Nacional de Salud (SeNaSa) y, por ende, los servicios sanitarios que reciben millones de dominicanos.
De acuerdo con las investigaciones, los señalados utilizaban supuestas recaudaciones con fines políticos como justificación para captar fondos ilícitos que luego eran destinados al enriquecimiento personal. Estos recursos, según la acusación, habrían sido utilizados para la compra de bienes inmuebles, la creación de empresas de fachada y diversas inversiones actualmente bajo análisis de las autoridades.
El órgano acusador solicitó al tribunal 18 meses de prisión preventiva como medida de coerción contra diez imputados, entre ellos el exdirector del SeNaSa, Santiago Marcelo F. Hazim Albainy, junto a exfuncionarios, empresarios y proveedores vinculados a la institución.
La procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, aseguró que el proceso apenas inicia y que la investigación continúa avanzando, lo que podría derivar en nuevas imputaciones. Indicó que existen profesionales de la salud y múltiples centros médicos bajo investigación, debido a que los procedimientos cuestionados no pudieron ejecutarse de manera aislada.
Reynoso explicó que, por la magnitud del caso, el Ministerio Público decidió fragmentar la judicialización del expediente para facilitar su conocimiento ante los tribunales, sin que ello implique el cierre de la investigación.
“El compromiso es que toda persona que haya manejado recursos del SeNaSa de manera irregular responda ante la justicia”, enfatizó la procuradora, al recalcar que se trata de un caso prioritario por el impacto directo en más de siete millones de afiliados al sistema de salud estatal.
El Ministerio Público también reiteró que, además de las sanciones penales, busca el decomiso de los bienes adquiridos ilícitamente y la restitución total de los fondos sustraídos al Estado dominicano.
