Santo Domingo.- La constructora Odebrecht tiene pendiente pagarle a la República Dominicana 124 millones de dólares, como parte del acuerdo suscrito con las autoridades dominicanas por los sobornos que admitió haber pagado en el país para obtener contratos de obras.
La multinacional brasileña se comprometió al pago indemnizatorio de 184 millones de dólares, desembolsado paulatinamente en un plazo de 8 años. El monto es el doble de la suma que dijo pagó en sobornos.
Sin embargo, por el momento los pagos están paralizados. La Procuraduría General de la República (PGR) indicó a elCaribe, que esto se debe a que la empresa se encuentra en proceso de liquidación de deudas y con orden judicial brasileña suspendió temporalmente los pagos a todos sus acreedores, entre ellos la República Dominicana.
El último monto desembolsado fue realizado en el 2018.
Ese año, la PGR informó que recibió el segundo pago correspondiente 30 millones de dólares, con lo que sumaba 60 millones de dólares.
Proceso judicial en Brasil
A través de su Departamento de Comunicaciones, el órgano judicial indicó que los demás pagos establecidos en el acuerdo siguen pendientes y vigentes a futuro y que debido la suspensión temporal de los pagos, el Ministerio Público dominicano está llevando un proceso judicial en Brasil para garantizar que esos créditos sean reconocidos y pagados oportunamente.
“En estos momentos estamos a la espera de la decisión del juez brasileño apoderado dando seguimiento al caso”, afirmó la PGR.
El pasado año 2019, Odebrecht no hizo el pago correspondiente, pues se declaró en bancarrota. La empresa debió realizar la tercera cuota de 32 millones de dólares en julio.
Acuerdo establece pagos en un plazo de 8 años
En 2017, cuando reveló detalles del acuerdo, el procurador general de la República, Jean Alain Rodríguez, explicó que los montos de pagos serían desembolsados paulatinamente en un plazo de 8 años, mediante pagos anuales parciales hasta enero del año 2025. Ese dinero pagado es utilizado para la construcción y remodelación de cárceles que ejecuta la PGR.