Santo Domingo. – Lourdia Jean Pierre, una inmigrante haitiana de 32 años, vivió sus últimos momentos de angustia en soledad. Madre de cuatro hijos, el miedo la acompañaba todos los días: miedo a ser descubierta, miedo a ser deportada, miedo a pedir ayuda. La madrugada del pasado viernes, mientras el día comenzaba a clarear en el campo de El Seibo, el dolor del parto la alcanzó sin previo aviso.
Eran alrededor de las cinco de la mañana. A pesar de su sufrimiento, Lourdia decidió no buscar asistencia médica. Parió sola en su casa, sin apoyo, y poco después murió en la misma habitación donde había dado la vida.
Su esposo, Ronald Jean, inmigrante indocumentado al igual que ella, fue testigo de la tragedia. “Yo me puse malo. Ella parió y ahí mismo se quedó”, relató con voz quebrada a Diario Libre. Sin saber qué hacer ni a quién recurrir, temía que cualquier intento de pedir ayuda podría resultar en su propia detención. Tras un rato, finalmente llamaron al 9-1-1, pero al llegar los paramédicos, solo pudieron confirmar su fallecimiento.
La familia de Lourdia vivía en condiciones precarias en el distrito municipal de Pedro Sánchez. De los cuatro hijos que dejó, dos viven en Haití, mientras que el recién nacido fue trasladado bajo el cuidado de una prima en Miches. “Ella lo tendrá hasta que yo me recupere y pueda trabajar”, explicó Ronald. Los tres hijos sobrevivientes fueron llevados al hospital para los trámites legales. Lourdia fue sepultada el mismo día en el cementerio local.
Su muerte, marcada por la ausencia de atención médica, refleja la realidad de muchos inmigrantes indocumentados en la República Dominicana: viven sin derechos básicos, y su existencia se ve marcada por la constante amenaza de ser expulsados del país.
Este caso ocurre en el contexto del nuevo protocolo migratorio implementado desde el 21 de abril, que exige a los pacientes extranjeros presentar una identificación válida, una carta de trabajo y prueba de domicilio para recibir atención en hospitales públicos. Aquellos que no puedan presentar estos documentos serán reportados a Migración, a pesar de que inicialmente se les ofrezca atención de emergencia.
Este protocolo, que fue anunciado por el presidente Luis Abinader como una medida para regularizar la atención a los extranjeros, ha generado preocupación entre organizaciones de derechos humanos y comunidades migrantes. Se teme que este enfoque disuada a las personas indocumentadas de buscar atención médica incluso en situaciones de vida o muerte, por temor a ser detenidas y deportadas.
La muerte de Lourdia es una tragedia personal que refleja un dilema más amplio: ¿es tan amenazante el sistema que una mujer preferiría morir sola, sin ayuda, antes que arriesgarse a ser deportada? Esta pregunta sigue sin respuesta mientras se siguen tomando decisiones sobre las políticas migratorias que afectan profundamente a quienes se encuentran en situaciones de vulnerabilidad extrema.
