Santo Domingo. – El Ministerio Público sostuvo este miércoles que debe mantenerse la prisión preventiva impuesta a los exministros de Hacienda, Donald Guerrero, y administrativo de la Presidencia, José Ramón Peralta, ya que no han variado los motivos por los cuales se le impuso la medida coerción por su vinculación al entramado de corrupción administrativa desmantelado con la Operación Calamar.
El fiscal litigante Melbin Romero, de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, dijo que el Ministerio Público solicitará a la Segunda Sala Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional que mantenga la medida de coerción durante el conocimiento de dos recursos de apelación de los que fue apoderada por las defensas de los imputados en procura de que se le varíe la prisión preventiva, cuya audiencia fue aplazada este miércoles para el próximo 1 de junio.
Los exministros Donald Guerrero y José Ramón Peralta, principales imputados de la Operación Calamar, cumplen 18 meses de prisión preventiva en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) Najayo Hombres, en San Cristóbal, la cual le fue impuesta por la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional el pasado mes de abril por su vinculación a la red de corrupción administrativa.
“El Ministerio Público solicitó la imposición de la prisión preventiva en la medida de coerción y no hay razones suficientes que hayan variado este motivo, por consiguiente, el Ministerio Público continuará solicitando que se mantenga la prisión preventiva para ambos imputados”, dijo Romero.
“Hoy teníamos dos recursos de apelación de medida de coerción interpuesto por los abogados de los imputados Donald Guerrero y José Ramón Peralta, pero el mismo fue aplazado para el día 1 de junio de 2023, a las 9:00 de la mañana”, dijo el representante del Ministerio Público a periodistas que lo entrevistaron a la salida del tribunal.
Explicó que la audiencia se aplazó porque en la corte de apelación notificaron los recursos con poco tiempo. “El de José Ramón Peralta hoy lo recibimos a las 9:00 de la mañana y había abogados querellantes que no habían recibido los recursos de apelación”, indicó.
“Para garantizar el debido proceso que debe llevar este caso, tanto el Ministerio Público como los abogados querellantes solicitaron el aplazamiento de la audiencia para que sea conocido en una audiencia posterior y nosotros tener tiempo para estudiar los alegatos que esgrimen los abogados de los imputados Donald Guerrero y José Ramón Peralta”, detalló.
Adelantó que el Ministerio Público solicitará la fusión de esos recursos por un asunto de economía procesal y porque es lo más conveniente para este proceso.
El fiscal Melbin Romero representó al Ministerio Público en la audiencia junto al procurador adjunto Wilson Camacho, titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), y los procuradores fiscales Miguel Collado, Rosa Alba García y Elvira Rodríguez.
La Segunda Sala Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, presidida por la jueza Rosalba Garib, dispuso el aplazamiento de la audiencia para el próximo 1 de junio luego de acoger la petición del Ministerio Público y los abogados que representan al Estado.
Además de Garib, el tribunal de alzada estuvo conformado por los magistrados Teófilo Andújar y Delio Germán.
El expediente de la Operación Calamar posee más de tres mil páginas y más de 1,200 elementos de pruebas, las cuales detallan cómo los miembros de esta red sustrajeron más de 17 mil millones de pesos al Estado, los cuales, sumados a unos 2,100 millones en deuda administrativas, totalizan más de 19 mil millones.
De los 20 señalados en el expediente presentado por el Ministerio Público, los imputados Ángel Lockward, Alejandro Constanzo, Roberto Santiago Moquete, Marcial Reyes, Ana Linda Fernández, Emir Fernández de Paola, Oscar Chalas Guerrero, Rafael Parmenio Rodríguez, Agustín Mejía Ávila y Víctor Matías Encarnación, admitieron su participación en esta estructura de corrupción desarticulada en la Operación Calamar.
Junto a los imputados antes mencionados, en el expediente también figuran el exministro de Obras Públicas, Gonzalo Castillo; el ex contralor general de la República, Daniel Omar Caamaño; el exdirector del Consejo Estatal del Azúcar (CEA), Luis Miguel Piccirilo; el exdirector de Catastro Nacional, Claudio Silver Peña, y los exdirectores de Casinos y Juego de Azar, Oscar Chalas Guerrero y Julián Omar Fernández.
También, Yahaira Brito Encarnación, Aldo Antonio Gerbasi y Ramón David Hernández.
La imputación preliminar del Ministerio Público en contra de los procesados incluye conductas tipificadas en el artículo 146 de la Constitución de la República, así como los artículos 123, 166, 171, 172, 174, 175, 177, 265, 266, y 405 del Código Penal.
Igualmente, violaciones a las leyes 448-06 y 311-14, además de la Ley 155-17, contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo, y la Ley 33-18, sobre Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos.
