Santo Domingo. – El Ministerio Público aseguró que durante el conocimiento de la medida de coerción contra Santiago Marcelo F. Hazim Albainy, principal imputado en el caso SeNaSa, no fue presentada ni validada por un médico forense ninguna evidencia que confirme la condición de salud alegada por su defensa para evitar la prisión preventiva.
Según el órgano acusador, los abogados del exdirector del Seguro Nacional de Salud han recurrido al argumento médico sin cumplir con el procedimiento legal correspondiente, el cual exige que la condición de salud de un imputado sea evaluada por un perito designado por el Ministerio Público o por el tribunal, situación que —afirma— no ha ocurrido en este proceso.
La Procuraduría sostuvo ante el juez que testigos del caso confirmaron que Hazim se desempeñaba con normalidad tanto en sus funciones dentro de SeNaSa como en su vida social, lo que contradice la versión de una condición médica incapacitante. Agregó que, hasta el momento, no se ha aportado documentación pericial válida que sustente las alegaciones de la defensa.
El Ministerio Público reiteró que Hazim encabezaba una estructura de corrupción administrativa que habría sustraído más de RD$15,000 millones a través del Seguro Nacional de Salud, afectando directamente los recursos destinados a millones de afiliados del sistema público de salud.
Durante la audiencia, el órgano persecutor solicitó 18 meses de prisión preventiva y la declaratoria de proceso complejo, al considerar que se cumplen todos los criterios de gravedad establecidos en la ley, entre ellos la pluralidad de imputados y víctimas, el daño social causado, la condición de funcionario del principal imputado y la afectación directa al derecho fundamental a la salud.
Asimismo, el Ministerio Público expuso que la red operaba de manera estructurada y sistemática, con falsificación y adulteración de documentos para ocultar las operaciones ilícitas, además de maniobras destinadas a ocultar bienes y evitar que personas vinculadas colaboraran con la investigación.
El juez Rigoberto Sena fijó para este domingo 14 de diciembre, a las 6:00 de la tarde, la audiencia en la que se dará a conocer la decisión sobre la medida de coerción. En el transcurso del proceso, tres imputados admitieron los hechos, afirmando haber entregado sobornos a Hazim y a otros exfuncionarios de la institución.
El expediente presentado por el Ministerio Público incluye más de 138 pruebas documentales, 35 testimoniales y múltiples peritajes, que vinculan a los acusados con delitos como asociación de malhechores, soborno, estafa contra el Estado, desfalco, falsificación de documentos y lavado de activos.
