En esta fecha se celebra el Día del Poder Judicial. Un poder que es necesario se vea a sí mismo como un instrumento para lograr una vida de respeto y garantía de derechos para todos los ciudadanos.
Al hablar de justicia, de Poder Judicial, no podemos obviar la figura de Juan Pablo Duarte.
Como todo personaje histórico, Duarte no escapa a la polémica, ni a la pretensión de juzgar, con parámetros de la actualidad, las actuaciones realizadas en el tiempo que le tocó.
Se ensalza en la escuela el hecho de que Duarte comprometió sus bienes para la causa libertadora, viéndolo como una expresión de algo casi místico, cuando la visión más acertada es que en ese hecho, revela hasta dónde ese hombre creía en la noble causa de nuestra independencia.
Don Pedro Mir, refiriéndose a Duarte señala, con acierto, el papel que en su formación tuvieron las ideas a cuya influencia fue expuesto en Estados Unidos y, sobre todo, en la agitada Europa de 1830, tomando contacto con el pensamiento de Rousseau, con el constitucionalismo en ciernes; se deslumbró con los fueros de Cataluña y la efervescencia política de la Barcelona de entonces, donde florecía el anarquismo con su por mucho tiempo incomprendida preocupación por la libertad del hombre.
También tuvo cabida en su pensamiento lo que de innovador tenía la Constitución de Cádiz de 1812.
Tiene el mérito de abogar por la supremacía constitucional contenida en el artículo 6 de su proyecto. Duarte no concibió la Constitución como el tan cacareado “pedazo de papel” de La Salle y que repite un expresidente de nuestro país; la pensó como algo dotado de vida y fuerza para ser interiorizado por el pueblo como norma de conducta.
En su proyecto trató Duarte el valor Justicia, pero no agotándolo en la concepción de un servicio público. Va más allá, la mira como algo a integrar en la conducta cotidiana, llegando a ponerla como condición para la felicidad… “Sed justos (…) si queréis ser felices”.
Tiene la visión de abogar por el poder municipal, intuyendo que el municipio como entidad más próxima a lo cotidiano de los ciudadanos y ciudadanas es un espacio para el ejercicio de la democracia.
Ahora tenemos Cortes Internacionales, hablamos de genocidio, de crímenes de lesa humanidad, pero Duarte, que siendo nuestro Padre Fundador cronológicamente se encontraba más cerca de la adolescencia que de la vejez, sentaba en su proyecto la noción de lo imprescriptible de los crímenes de lesa patria.
En el artículo 11 del proyecto de Constitución Duartiano está plasmada la preocupación de aquel hombre luminoso por lo que ahora llamamos Debido Proceso, cuando dice: “Ninguno podrá ser juzgado si no con arreglo a la ley vigente anterior al delito ni podrá aplicársele en ningún caso otra pena que la establecida por las leyes y en la forma que estas prescriben”; saliéndole así al paso a procesos penales que eventualmente podrían instrumentarse sin sustancia contra los que cuestionan el poder.
Con relación al pensamiento jurídico de Juan Pablo Duarte podemos concluir que, además de la supremacía constitucional, sus dos vigas de amarre son: a) la necesaria legitimidad para el ejercicio del poder, y b) trazar límites precisos para el ejercicio de éste.
Hace un señalamiento que en su época debió ser piedra de escándalo por subversivo, y es la inexistencia para el ciudadano o ciudadana del deber obedecer a una autoridad ilegítima, el deber de obediencia tiene la condición previa de la legitimidad, noción que resurge en la Constitución de 1963.
Con un Duarte que fue el hombre que tuvo la luminosa terquedad de empeñarse en creer en un proyecto de nación libre, independiente y soberana; cuando casi todos los signos le decían que no, escuchó, quizás soñó que este pueblo le decía “es la hora, atrévete” y se atrevió, fue lejos en su creencia llegando a esbozar para ese su proyecto de Nación, el boceto de un cuerpo legal que garantizara una sociedad marchando tras un ideal de justicia, libertad y felicidad, que no aceptará jamás la cesión de un metro de su territorio ni un ápice de su soberanía, ni pactaría con ninguna forma de corrupción, como testifica su rendición de cuentas.
El manejo pulcro de Duarte planta desde los albores de nuestra vida republicana el rechazo a la práctica de la corrupción administrativa. Ahora, nos corresponde a nosotros, jueces y fiscales, seguir su ejemplo y responder a esa aspiración del pueblo dominicano de ver procesados y castigados a todos los responsables de provocar, en muchos casos, un brutal despojo de los bienes de los contribuyentes cuando les ha tocado desempeñar funciones en la administración pública.
Donde Duarte demostró su estatura que transciende los tiempos fue en su empeño de recalcar que la soberanía reside en el pueblo, negando toda posibilidad de ceder un ápice de ella, ya sea mediante la enajenación de territorios o la puesta de poderes en manos de quienes no lo han recibido por voluntad del soberano que sigue y seguirá siendo el pueblo, aunque en tiempos amargos se vea mordiendo el polvo de temporales derrotas.
El proyecto Duartiano concebía el ordenamiento legal como un instrumento para garantizar el crecimiento de una sociedad en libertad, en armonía y sigue siendo un instrumento válido, quizás más aún ahora, en el imperio de la lógica feroz de las ganancias, un tiempo en que un humorista con evidente sarcasmo pone a uno de sus personajes a expresar “para tranquilizar los mercados, hemos intranquilizado a las personas”.
Creer como Duarte en nuestra posibilidad como nación realmente soberana, apuesta sin sectarismos por la unidad de los que comparten valores progresistas, los convoca a reconocerse en él, a asumir el sueño de patria, a quererlo en la empecinada claridad de su pensamiento cuando de decir y hacer patria se trató.
