Santo Domingo. – Luis Andrés Mella Miller, quien perdió a su esposa Eileen Méndez, ciudadana americana, y resultó con 70% de su cuerpo quemado tras una explosión de gas, se querelló hoy contra Guillermo Sención, Salomón Cohen Bouchara y la entidad Panorama Lake Site Development, S.R.L. seis meses después de la una mala instalación de gas, causara la tragedia donde también salió afectado su hijo de meses.
La querella fue depositada hoy 15 de febrero en Procuraduría Fiscal de La Altagracia, basada los artículos 319 (homicidio involuntario) y 320 (golpes y heridas involuntarios) del Código Penal, así como la violación al art. 23 de la Ley núm. 687-82 que crea un sistema de elaboración de Reglamentos Técnicos para Preparación y ejecución relativos a la Ingeniería, la Arquitectura y ramas afines y el Reglamento para el Diseño e Instalación de Sistemas de Gas Licuado de Petróleo (GLP) del 5 de abril de 2010 aprobado mediante Decreto núm. 178-10.
Después de 15 operaciones y 7 infartos, aún son evidentes los rastros de la explosión en Luis Andrés, quien cubrió con su propio cuerpo a su hijo Luca, para que este sufriera lo menos posible. Sin embargo, tras más de seis meses de la explosión que sucedió el 23 de junio, los responsables materiales de la explosión han evadido asumir las responsabilidades y los costos médicos de las víctimas.
La familia Mella Méndez ha incurrido en cuantiosos gastos médicos, pero, sobre todo, se ve afligida ante la indiferencia de quien le costó la vida a una madre y esposa. Luis Andrés, como cabeza de hogar, no cesa de agradecer el amor y apoyo incondicional a él y a su hijo, así como la solidaridad tangible de muchos dominicanos que los ayudaron en esos terribles momentos. – En República Dominican debe haber consecuencias y garantías. No es posible que todavía hoy, seis meses más tarde, los responsables de la muerte de mi esposa no den los pasos necesarios para asumir su responsabilidad – afirmó Luis Andrés.
La familia Mella Miller hace un llamado a las autoridades y al Presidente Abinader, para que se establezca un régimen creíble de consecuencias sobre los desarrolladores de proyectos inmobiliarios.
