EFE
Los periodistas en República Dominicana están a la espera de una nueva ley de medios actualmente en discusión e impulsada por el presidente del país, Luis Abinader, según un informe de la SIP aprobado este domingo durante su 78 Asamblea General, que se inauguró el pasado jueves en Madrid.
En su texto, la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) señala también que “un controvertido proyecto de ley sobre ciberseguridad, que contenía cláusulas mordaza para las libertades de prensa y expresión, fue retirado del Congreso por la bancada oficialista”, tras el rechazo generalizado de la sociedad.
Dos proyectos “contrarios a la libertad de prensa” también quedaron en pausa forzosa a raíz de la decisión presidencial de junio pasado de crear una comisión consultiva especial integrada por juristas y profesionales de la información para la redacción de una nueva Ley de Expresión y Difusión del Pensamiento.
Está prevista la presentación próximamente del borrador de esa ley, la cual, según Abinader, debe proteger y garantizar la libertad de expresión y que la prensa independiente considera que abrirá la posibilidad de un mayor blindaje a esos derechos.
Con este fin, la comisión consultiva celebró varias mesas de trabajo con representantes de instituciones públicas y privadas y recibió asesoría de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, de Naciones Unidas y de la Sociedad Interamericana de Prensa.
La nueva norma debe validar los principios vigentes de la Constitución dominicana, las normativas internacionales y la jurisprudencia del Tribunal Constitucional.
Por otra parte, el informe de la SIP, que inauguró su asamblea el pasado jueves en Madrid, indica que no se registraron hechos importantes en contra de periodistas, excepto una agresión policial por la que se abrió juicio a una coronela y seis subalternos del cuerpo y que está a la espera de sentencia.
Los hechos se remontan a abril, cuando se impidió a reporteros del periódico “Listín Diario”, el canal de noticias CDN y el Defensor del Pueblo llevar a cabo una revisión en el centro de retención de vehículos de Santo Domingo.
La fiscalía solicitó prisión y garantías económicas por el delito de apropiación y borrado de datos del teléfono de una reportera del rotativo.
