Por: Alicia Ortega
El accionar de los partidos políticos juega un rol fundamental para el fortalecimiento y preservación de la democracia representativa, pero hay un orden trazado por la Ley electoral que debe ser observado de forma estricta.
Por su incumplimiento, estas regulaciones con plazos claramente establecidos para la realización de actividades proselitistas se han convertido en la práctica, en poco menos que letra muerta.
Un ejemplo que está a la vista por todas partes en ciudades y carreteras, es la profusión de costosas vallas dedicadas a promover a las organizaciones políticas y a sus dirigentes, a pesar de que están fuera del tiempo establecido por la ley.
Con argumentos basados en interpretaciones, los partidos que han colocado vallas tratan de justificarse diciendo que no representan proselitismo e invocan el derecho de mantenerse en contacto con su militancia y la población en general.
Lo cierto es que esas vallas y muchos de los actos celebrados continuamente por los partidos constituyen una abierta violación a la ley electoral y siguen a todo vapor, pese a los llamados y advertencias de la Junta Central Electoral.
Como no hay un régimen de consecuencias y la Junta ha alegado que la ley no les provee las garras para aplicarlo, este desorden de las vallas y el proselitismo a destiempo sigue indetenible, mientras la dirigencia política no alcanza a ver el daño que hacen de esta forma a la democracia y a la credibilidad del sistema de partidos.
