Santo Domingo.- El conflicto legal entre la empresa de cemento asfáltico Sargeant Petroleum (SP) y el Estado Dominicano (MOPC), se encuentra en la Suprema Corte de Justicia, según informó el abogado Enmanuel Esquea Guerrero, representante del Estado en la solicitud de anular el contrato No. 25-2003, firmado en el año 2003, así como la adenda XIII al citado contrato y el contrato No. 13-2016, del 10 de mayo de 2013.
“El caso está a en la Suprema Corte de Justicia y cuando será la sentencia… eso es impredecible, porque los jueces se toman su tiempo. El proceso avanzado, el proceso está en recurso de casación. Y entonces esperamos que haya una sentencia pronto”, indicó el jurista.
Esquea Guerrero señaló que esta sentencia puede decidir que el caso se conozca de nuevo.
En este proceso que, lleva más de dos años en los tribuales, el Estado Dominicano también solicita la condena de manera conjunta y solidaria a Sargeant Petroleum y a Mustafá Abu Naba’a; la devolución de 176.9 millones de dólares pagados en exceso y 33.1 millones de dólares por concepto de valores en exceso durante los años 2003-2013 en el transporte de 149.6 galones de AC-30; la suma de 53.9 millones por valores en exceso pagados por el almacenamiento del material entre los años 2003-2013; y el monto de 89.9 por valores pagados desde 2013 al 2020 en almacenamiento AC-30.
Litigio internacional
El proceso legal iniciado por el Estado Dominicano el 25 de julio de 2022, provocó como respuesta que la empresa que Sargeant Petroleum denunciara a la República Dominicana ante Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) del Banco Mundial en busca de una indemnización por 88.3 millones de dólares por daños y perjuicios derivados de la terminación de un contrato firmado entre el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) en el año 2017 y terminado por el Gobierno dominicano en noviembre del año 2020.
“La empresa solicitó arbitraje internacional y ese arbitraje está, hasta la última información que me dieron los abogados que llevan el caso en Estados Unidos… me dijeron que la empresa había solicitado una suspensión del proceso esperando que se decidiera aquí en el país, de manera que está paralizado eso allá”, explicó Esquea Guerrero.
El abogado añadió que esta solicitud de la empresa de esperar que los altos tribuales dominicanos dicten la sentencia ha provocado que los árbitros paralicen el conocimiento de arbitraje.
“Ese es un contrato lesivo para el país. Durante 20 años esa empresa se benefició dolosamente de una serie de funcionarios venales que hubo, que manejaron esa situación. Y este Gobierno entonces decidió recuperar, diríamos, la dignidad del Estado”, concluyó.
