Santo Domingo.- El jurista Ángel Lockward demandó la nulidad de varios procesos judiciales y reveló que solicitó la investigación correspondiente mediante instancia a la Procuradora General Administrativa, Miriam Germán.
Ante la información aparecida en los medios este jueves de que el PEPCA ha estado utilizando un “Informe de puro trámite” atribuido a la Contraloría General para diligencias judiciales, de que ha embargado pagos por RD$17 mil millones a 89 empresas y personas e interrogado a más de cien, indica que la Procuradora Mirian German debe ordenar una investigación.
“La persecución de la corrupción descansa en el Estado de derecho y este en el respeto a la ley y el debido proceso y cuando la autoridad, para perseguir no respeta los derechos fundamentales de las personas o usa pruebas ilícitas, estamos ante un desastre peor que la corrupción”, indica un comunicado.
Es la Contraloría, en dos instancias ante un tribunal, el órgano que hace la denuncia y eso, es muy serio.
Establece la Instancia de fecha 5 de agosto pasado depositada por ante el Tribunal Superior Administrativo, que ese “documento” denominado informe de auditoría, no fue remitido, nunca, al Contralor y que en consecuencia, este no lo convirtió en informe como indica la Ley, que además, tampoco lo remitió a la Procuradora General.
“Todas esas son preguntas que deben ser respondidas por doña Mirian ¿Quién, usurpando las funciones del Contralor, lo llevo a Procuraduría? ¿Quién, usurpando la calidad de la Procuradora, lo recibió?”
Con ese documento “apócrifo”, según consta en el expediente administrativo se obtuvo una orden judicial el 29 de diciembre del 2021 de la Juez Coordinadora de los Juzgados de Instrucción en contra de un centenar de personas jurídicas y de ciudadanos.
Basado en ese documento el 2 de febrero del 2022 se interpuso una oposición mediante Oficio PEPCA 0457-2021 del PEPCA ante el Ministro de Hacienda que afecta a 49 personas por unos RD$ 17 mil millones de pesos y, más adelante, mediante el Oficio PEPCA 0568 del 16 de febrero del 2022, se interpuso una oposición por otros RD$ 7,700 millones, esta vez en contra de sentencias definitivas de la Suprema Corte de Justicia y del Tribunal Superior Administrativo, todo eso sin orden judicial.
Indica en ese orden que los oficios del PEPCA dicen fundarse en los artículos 185 del Código Procesal Penal y 12 de la Ley del Ministerio Público, ninguno de los cuales facultan para trabar embargos, con lo que la Procuraduría se pone por encima de la Ley y se atribuye competencias del Poder Judicial.
“Toda la denuncia huele a prevaricación, abuso de poder, usurpación de funciones y otros delitos aplicables a los funcionarios públicos que la procuradora German está obligada a investigar y, de ser ciertos, aplicar las sanciones de lugar pues no se trata de alegaciones alegres, sino de medidas adoptadas y de oficios firmados por el director del PEPCA, Wilson Camacho , y de dos instancias judiciales de la Contraloría, en esto no hay nada de la oposición política, ni de los investigados”, finaliza el jurista.
