Santo Domingo. – El abogado constitucionalista Julio Cury lanzó una fuerte advertencia sobre las consecuencias que, a su juicio, traería la entrada en vigencia del nuevo Código Penal. Durante una entrevista realizada este lunes, sostuvo que el texto contiene graves deficiencias de técnica legislativa que generarían inseguridad jurídica y abrirían la puerta a actuaciones arbitrarias del Ministerio Público y los tribunales.
Cury afirmó que el Código Penal representa la norma más importante del ordenamiento jurídico después de la Constitución. Según explicó, se trata del instrumento que establece los límites del poder punitivo del Estado y protege la libertad de los ciudadanos.
Una técnica legislativa «pésima»
De acuerdo con Cury, la técnica legislativa empleada en la redacción del nuevo texto es preocupante.
«No es defectuosa, sino pésima», indicó el jurista.
Según señaló, numerosos tipos penales contienen oraciones excesivamente largas y ambiguas. Esta situación, a su juicio, dificulta determinar con precisión cuál es la conducta sancionada.
El jurista recordó que el propio principio de legalidad exige que toda conducta penal esté descrita de manera precisa e inequívoca. Ese requisito, según dijo, no se cumple en múltiples disposiciones del nuevo Código.
El ejemplo de los contratos
Como ejemplo, Cury citó el artículo que sanciona a funcionarios y particulares por celebrar contratos que incumplan «requisitos legales esenciales».
Según explicó, el Código nunca define qué debe entenderse por esos requisitos, lo que deja el concepto abierto a la interpretación del Ministerio Público. A su juicio, esa imprecisión permitiría que cualquier funcionario o proveedor del Estado pudiera ser sometido a la justicia por criterios discrecionales.
«Eso es una locura, una comiquería peligrosa», expresó.
Críticas sobre la corrupción pública
Otra de las principales críticas de Cury se centró en la tipificación de la corrupción pública y el enriquecimiento ilícito.
Sobre el primer punto, el jurista sostuvo que el Código prácticamente reproduce el artículo 146 de la Constitución. Sin embargo, según indicó, lo convierte en un tipo penal sin delimitar claramente cuándo un funcionario obtiene un beneficio económico de manera ilegal.
La carga de la prueba en enriquecimiento ilícito
Respecto al enriquecimiento ilícito, Cury aseguró que el texto invierte la carga de la prueba. Según su análisis, el Código establece que un funcionario que no pueda justificar el origen de su patrimonio será considerado autor del delito.
Esta situación, a su juicio, vulnera el principio constitucional de presunción de inocencia al trasladar al acusado la obligación de demostrar su inocencia.
El papel del Ministerio Público
El abogado también cuestionó el papel que, a su entender, desempeñó el Ministerio Público durante la elaboración del Código.
Cury afirmó que gran parte del contenido responde a los intereses del órgano persecutor. También consideró que el Congreso renunció a su función deliberativa al aprobar el texto.
«Un papel carbón del Ministerio Público», lo calificó.
«Engañaron» al presidente
El jurista incluso aseguró que el presidente Luis Abinader fue «engañado» respecto al contenido de la pieza legislativa.
De acuerdo con Cury, en dos ocasiones le recomendó al mandatario crear una comisión independiente. Esa comisión, según indicó, debía estar integrada por especialistas en Derecho Penal, Constitucional y Derecho Público para revisar artículo por artículo la constitucionalidad del Código.
Contra las penas de hasta 60 años
Cury también rechazó el incremento de las penas acumuladas hasta 60 años de prisión.
Según afirmó, ese modelo responde a una visión excesivamente punitiva que no reducirá la criminalidad. A su juicio, contradice los principios constitucionales de humanidad y proporcionalidad de las penas.
El jurista explicó que una persona condenada a cumplir seis décadas de prisión difícilmente podrá cumplir el objetivo constitucional de reinserción social.
«Si ese es el criterio, entonces mejor establezcamos la pena de muerte», manifestó.
A su juicio, mantener a una persona encarcelada durante tanto tiempo tampoco representa una solución al problema de la delincuencia.
Discrecionalidad para fiscales y jueces
El abogado sostuvo, además, que el Código concede demasiada discrecionalidad a fiscales y jueces para interpretar figuras penales poco definidas. Esta situación, según dijo, provocará una ola de incidentes de inconstitucionalidad en los tribunales.
La advertencia más fuerte
En ese contexto, Cury lanzó una de sus advertencias más severas sobre el impacto que tendría la entrada en vigencia del Código.
«A partir de la entrada en vigor de este Código Penal nos convertiremos en un Estado constitucional de terror», expresó.
A su juicio, la incertidumbre jurídica afectará tanto a ciudadanos como a funcionarios públicos.
El respaldo de César Alcántara
Durante el mismo debate, el exdefensor público César Alcántara respaldó parte de estos señalamientos. Alcántara indicó que el Código presenta errores de sintaxis en gran cantidad de artículos, problemas de técnica legislativa y disposiciones cuya redacción altera el verdadero alcance de las normas.
También señaló que existen artículos que incluso contemplan penas de prisión para personas jurídicas. Además, mencionó otras disposiciones que, a su juicio, vulneran el principio de proporcionalidad y podrían ser declaradas inconstitucionales.
La solicitud de una vacatio legis prolongada
Finalmente, Cury insistió en que el Congreso debió prolongar la vacatio legis para realizar una revisión integral del Código antes de su entrada en vigencia.
El jurista también manifestó que aún espera que el Tribunal Constitucional pueda intervenir respecto al procedimiento seguido para la aprobación de la pieza.
