Por: Jatzel Román
Ecuador culmina el 15 de octubre su decimotercer proceso electoral luego de finalizado el dominio militar que se extendió de 1968 a 1979. Por tercera vez, esto se realiza antes de cumplido el cuatrienio original, siendo además la tercera ocasión en que hubo una salida anticipada del presidente electo previamente y por primera ocasión se activó el mecanismo de muerte cruzada. Tras el sorpresivo resultado de primera vuelta, marcada por la violencia que cobró la vida del candidato Fernando Villavicencio, compiten en segunda vuelta el diputado Daniel Noboa, miembro de una de las familias más influyentes del país y la diputada Luisa González, representante de la Revolución Ciudadana, movimiento político liderado por el ex presidente Rafael Correa.
A pesar de tener como rivales a quienes se presentan como principales representantes de la izquierda ecuatoriana, Noboa ha optado por no asumir un discurso de derecha, más bien posicionándose en un eje cercano a la centroizquierda. Se ha enfocado en promoción de empleo, gasto social y en más de una ocasión ha tenido pronunciamientos en contra de sectores de élite como la banca privada. Esto lo ha hecho agradable para votantes que se mantienen al margen de la polarización ideológica, pero en septiembre llevó a una caída de los bonos ecuatorianos en los mercados emergentes tras declarar que estaría utilizando las reservas internacionales para combatir el impacto del cambio climático.
Posteriormente, intentó explicar que esa solo sería una última opción en caso de no generar fondos por otras vías, pero sembró escepticismo. Del mismo modo, aunque minimiza su participación en las empresas familiares, frecuentemente recibe ataques que buscan generar percepción en el sentido de que una presidencia suya serviría para reparto de privilegios. En su declaración jurada de bienes como diputado, reportó un patrimonio personal ascendiente a 643,000 dólares. Se estima que el consorcio encabezado por su padre tras las demandas entre herederos del patriarca familiar Luis Noboa, alcanza un valor de mil millones de dólares.
A pesar de su interés en apelar a una izquierda progresista liberal, lleva como compañera de boleta a Verónica Abad, quien ha tenido posiciones ultraconservadoras en materia de aborto, personas LGBTQ y declarada partidaria de Donald Trump, así como de Jair Bolsonaro. Anteriormente había aspirado a la alcaldía de la ciudad de Cuenca por partido minoritario, quedando en séptimo lugar, siendo una figura poco conocida que completó una boleta inicialmente con casi nulas posibilidades.
Su plataforma política es Acción Democrática Nacionalista, que obtuvo 13 de 137 diputaciones a la Asamblea Nacional unicameral, siendo la cuarta bancada. Para la segunda vuelta, ha recibido el apoyo del histórico Partido Social Cristiano (PSC) que cuenta con 13 diputados y en primera vuelta alcanzó el 14% de los votos. Esto no garantiza convivencia legislativa, recordando que el saliente presidente Guillermo Lasso fue co-postulado por su partido Creando Oportunidades (CREO) y el PSC en 2021, rompiendo relaciones incluso antes de juramentarse. Salvo durante la época de consolidación política del correísmo en el Ejecutivo, los gobiernos ecuatorianos han tenido en el Legislativo un gran desafío, siendo esto lo que mayormente llevó a estas elecciones anticipadas en un fracaso de la figura de muerte cruzada como disuasivo.
Ha prometido que de ganar, convocará a una Consulta Popular en sus primeros 90 días con preguntas sobre seguridad y justicia así como institucionalidad y economía. Esta sería la cuarta consulta en seis años así como la cuarta votación en el mismo año 2023 y corre el riesgo de nuevamente traer el rechazo de la ciudadanía como ocurrió en febrero cuando el gobierno de Lasso no logró la aprobación siquiera de reducir la Asamblea Nacional.
En lo internacional, Daniel Noboa se ha expresado poco, siendo lo más notable cuando en el debate presidencial cuestionó a González sobre la declaración del izquierdista Grupo de Puebla sobre dolarización, tema sensible para los ecuatorianos. Tras la primera vuelta, anunció que su Ministra de Relaciones Exteriores sería la empresaria Gabriela Sommerfeld del sector aerolíneas.
Aunque lideró la casi totalidad de encuestas durante los dos meses de campaña para balotaje, el proceso cerró con empate técnico por margen de error en este país con voto obligatorio. Este último factor le juega más en contra a los correistas que tienen un mayor nivel de rechazo, pero al mismo tiempo deja bastante abierto el resultado, tal como hace dos años cuando finalmente ganó Lasso por la confluencia de opositores a la Revolución Ciudadana.
Luisa Gonzalez, escogida personalmente por Rafael Correa, no es una de las figuras más conocidas de la política ecuatoriana, pero eso no era lo que buscaba el caudillo quien ya en 2017 terminó peleado con su anterior delfín, el ex presidente Lenin Moreno. La clave ha sido lealtad absoluta y eso también explicaría el por qué Andrés Arauz, quien en 2021 quedó con 47% de los votos, ahora haya sido relegado a compañero de fórmula.
Luisa era diputada en la anulada Asamblea Nacional y durante los gobiernos de Correa fungió como Cónsul General, Viceministra y Secretaria de Administración Pública. De formación católica, inició su vida política en el Partido Social Cristiano por el cual se postuló a diputada en 2007 sin éxito antes de pasar a Alianza País cuando ésta era la organización del correísmo. Al igual que su líder, tiene una arraigada posición anti-aborto, incluyendo la causal de violación lo cual la aleja de segmentos progresistas pero le acerca a representantes del conservadurismo que anteriormente se sintieron cómodos con los gobiernos de su familia política.
Al no haber tenido el lente nacional encima como le ha tocado siendo candidata, ha protagonizado frecuentes inconvenientes por dichos poco recomendables o malas expresiones por frases incompletas. Entre ellas, dar a entender que cree que Venezuela está en mejor condición que Ecuador, reviviendo un recurso de campaña al cual ya se habían vuelto hasta cierto punto inmunes.
La RC cuenta con 48 de 137 diputaciones, lo cual le da primera mayoría pero no de manera absoluta, para lo cual necesitaban 70 escaños. Esta es la misma fuerza que exhibieron hace dos años, cuando igualmente en lo presidencial, habían obtenido 33% de los votos para primera vuelta de modo que siguen teniendo dificultades para atraer votantes fuera de su base de voto duro, la más grande del país, pero no suficiente para ganar sin segunda vuelta.
Distinto a la Consulta Popular de Noboa, Gonzalez ha propuesto una nueva asamblea re-constituyente para anular las reformas constitucionales refrendadas en 2018 a iniciativa de Lenin Moreno. Varios analistas ven esto como una jugada de Correa para blindarse judicialmente, volver al país desde su exilio en Bélgica y postularse nuevamente a la presidencia cuando finalice el breve gobierno de 17 meses. Hasta ahora, las propuestas han sido ambiguas y el corto tiempo podría jugarle en contra ya que los ecuatorianos deberán ir nuevamente a elecciones generales en febrero 2025.
Sobre el rol internacional de Ecuador, cuando se le ha cuestionado en espacios como el debate presidencial con relación a Cuba, Nicaragua y Venezuela, reitera que su política será de no intervenir, respetando los procesos internos de cada país. En ningún momento surgió pregunta sobre el asiento ecuatoriano en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas que lleva a frecuentes tomas de decisión, ni la Alianza para el Desarrollo en Democracia (ADD) junto a Costa Rica, Panamá y República Dominicana.
Dada la naturaleza de su movimiento político y la activa participación de su líder en espacios cercanos al extremismo ideológico, no es inverosímil pensar que cuanto menos en lo que América Latina se refiere, habría una adhesión política a los intereses del eje que anteriormente llamaron algunos estudiosos la “Marea Rosa”. Su dependencia casi total ante Correa así como la brevedad del gobierno hacen poco probable un viraje como el de 2017 cuando Moreno asumió línea centrista, haciendo honor a su experiencia en diversos organismos.
Rafael Correa salió voluntariamente del poder en 2017 a pesar de estar constitucionalmente habilitada la figura de reelección indefinida. Lo que vivió sin embargo fue traición política (Desde su perspectiva), judicialización y exilio ya no voluntario sino como salvavidas. Tal experiencia hace temer que un retorno al Palacio de Carondelet lo vería menos tolerante que en el pasado.
Ecuador está siendo golpeado por una terrible ola de violencia asesina con el crimen organizado como protagonista. Carteles mexicanos y colombianos han encontrado terreno fértil en el Pacífico y ya no solo lavan su dinero en atractivos dólares sino que han acrecentado el tránsito de estupefacientes, además reclutando pandillas callejeras como brazo armado con un resultado desgarrador de promedio 40 homicidios por cada 100,000 personas en 2023. Esto desde un promedio de 8 hace menos de una década, llenando de desesperación a una ciudadanía que no conocía semejante panorama desde la desarticulación de guerrillas como “Alfaro Vive Carajo”. Aunque se trata de una población con tradición migrante, muy presente en países como España y Estados Unidos, el tránsito por las peligrosas rutas ilegales ha crecido y en lo que va de año, 34 mil han cruzado el Darién en Panamá, siendo el 13% de la totalidad de 250 mil, segundo grupo tras Venezuela.
Este drama social de inseguridad, desconfianza política, mal funcionamiento institucional, parálisis legislativa y debilidad democrática es lo que enfrenta Ecuador en los 17 meses del siguiente gobierno. Una tarea francamente de proporción hercúlea.
