Santo Domingo.- El Departamento de Estado de los Estados Unidos publicó su reporte anual sobre Derechos Humanos, donde indica que el Gobierno dominicano durante el año 2023 cometió varias violaciones graves a los derechos humanos de los haitianos.
Según redacta el informe que hubo varios informes de que la Policía Nacional y otras fuerzas de seguridad del gobierno cometieron homicidios arbitrarios o ilegítimos durante el año. La Comisión Nacional de Derechos Humanos informó que 75 personas fueron asesinadas entre enero y septiembre. Si bien la Fiscalía General procesó algunos casos de abuso por parte de la policía, representantes de la sociedad civil afirmaron que muchos asesinatos y abusos no fueron denunciados debido a la falta de fe del público en el gobierno para investigar y presentar cargos o por temor a represalias por parte de la policía.
Según el Movimiento Social de los Trabajadores, en febrero miembros de la Policía Nacional mataron a Dieumil Charles, un residente legal documentado, después de intentar extorsionar durante una parada de tráfico. Así mismo, según expresan los informes, la policía lo transportó a una zona apartada, lo golpeó y le disparó, luego confiscó sus documentos, dinero, teléfono celular y motocicleta.
En julio, medios de comunicación y grupos de la sociedad civil informaron que la DGM, la policía y unidades militares allanaron salas de maternidad de hospitales en todo el país y detuvieron arbitrariamente a mujeres embarazadas, en posparto y lactantes que no pudieron demostrar de inmediato su estatus de residencia.
Además especifican que los observadores internacionales y de la sociedad civil informaron de un aumento asociado de mujeres embarazadas y lactantes que llegaban a la frontera con Haití para ser deportadas, incluidas aquellas que habían dado a luz recientemente y sus bebés recién nacidos.
Después de las operaciones, la Dirección General de Migración y otras fuerzas de seguridad supuestamente comenzaron a hacer guardia en los hospitales para intimidar o negar la entrada a cualquier persona de ascendencia haitiana que no pudiera demostrar su estatus de residencia. También hubo informes posteriores de muertes de mujeres embarazadas o abortos espontáneos bajo custodia debido a abusos físicos o falta de acceso a atención médica.
En julio, medios de comunicación y grupos de la sociedad civil informaron que la DGM, la policía y unidades militares allanaron salas de maternidad de hospitales en todo el país y detuvieron arbitrariamente a mujeres embarazadas, en posparto y lactantes que no pudieron demostrar de inmediato su estatus de residencia. Los observadores internacionales y de la sociedad civil informaron de un aumento asociado de mujeres embarazadas y lactantes que llegaban a la frontera con Haití para ser deportadas, incluidas aquellas que habían dado a luz recientemente y sus bebés recién nacidos.
Después de las operaciones, la DGM y otras fuerzas de seguridad supuestamente comenzaron a hacer guardia en los hospitales para intimidar o negar la entrada a cualquier persona de ascendencia haitiana que no pudiera demostrar su estatus de residencia. También hubo informes posteriores de muertes de mujeres embarazadas o abortos espontáneos bajo custodia debido a abusos físicos o falta de acceso a atención médica.
El gobierno no tomó medidas creíbles para identificar y castigar a los funcionarios que pudieran haber cometido abusos contra los derechos humanos.
