Santo Domingo.- El informe de los Derechos Humanos del Departamento de Estado de Norteamérica, expresa que el sistema penitenciario dominicano, el cual está formado por cárceles del viejo y nuevo modelo, donde las condiciones iban desde el cumplimiento general de las normas internacionales en los centros de rehabilitación hasta condiciones duras y potencialmente mortales en las cárceles del viejo modelo, como hacinamiento, violencia, abuso físico y malas condiciones sanitarias y de vida.
Según la Oficina Nacional de la Defensa Pública, el hacinamiento grave y las condiciones insalubres seguían siendo un problema en muchas prisiones del viejo modelo. En julio, La Victoria, la prisión más grande y antigua, albergaba a 7.335 reclusos, aunque fue diseñada para una capacidad máxima de 2.103.
El hacinamiento, el abuso físico y las condiciones insalubres también siguieron siendo un problema en los centros de detención de migrantes en Haina y Santiago, así como en los centros de recepción fronterizos más pequeños en Dajabón, Elías Pina, Jimaní y Pedernales.
Centros de detención de Migrantes
En las cárceles y centros de detención de inmigrantes del viejo modelo, las condiciones sanitarias y de salud eran en general deficientes. Faltaba espacio y camas disponibles, y los baños eran inadecuados. La enfermedad fue la principal causa de muertes notificadas en el sistema penitenciario, agravada por el hacinamiento y la falta de recursos sanitarios. Todas las prisiones tenían enfermerías, pero la mayoría de ellas no satisfacían las necesidades de la población penitenciaria.
Los retrasos en la recepción de atención médica eran comunes. En la mayoría de los casos, los reclusos compraban sus propios medicamentos o dependían de familiares o asociados externos para que les proporcionaran los medicamentos.
Los informes de malos tratos y violencia eran comunes, particularmente en las prisiones del viejo modelo, al igual que los informes de acoso, extorsión y registros inapropiados de los visitantes de la prisión. Hubo informes de tráfico de drogas, tráfico de armas, prostitución y abuso sexual en las cárceles. Aunque la ley ordenaba la separación de los presos según la gravedad del delito, las autoridades no siempre cumplían la ley, especialmente en las cárceles del antiguo modelo.
Detención de mujeres haitianas embarazadas
En los centros de detención de migrantes, los observadores informaron sobre la detención de mujeres embarazadas, en puerperio y lactantes, niños no acompañados y ancianos. Los observadores también informaron de una falta de acceso a alimentos o agua durante períodos que iban desde varias horas hasta varios días, ninguna atención médica especializada para mujeres o bebés, y pocas protecciones para mujeres y niños, como áreas e instalaciones separadas de los detenidos varones. Los observadores informaron que los guardias robaron las pertenencias de los detenidos y solicitaron sobornos para su liberación.
Si bien se informó que algunas cárceles tenían rampas para sillas de ruedas, las organizaciones no gubernamentales (ONG) indicaron que la mayoría de las prisiones y centros de detención de migrantes no proporcionaban un acceso adecuado para los reclusos con discapacidad. En los centros de rehabilitación y en algunas prisiones del antiguo modelo, un subconjunto de la población penitenciaria con discapacidad mental recibió tratamiento, incluida terapia, para sus afecciones. En general, los servicios de salud mental proporcionados a los reclusos eran inadecuados o incompatibles con sus necesidades.
Según la Oficina Nacional de la Defensa Pública, las autoridades gubernamentales no investigaron adecuadamente las acusaciones creíbles de malos tratos en las cárceles. Observadores internacionales y organizaciones de la sociedad civil informaron que las autoridades de la MDE no investigaron denuncias generalizadas de maltrato en los centros de detención de migrantes en Haina y Santiago, o en los centros de recepción fronterizos más pequeños en los cuatro cruces fronterizos principales.
Monitoreo independiente
El gobierno permitió el monitoreo de las prisiones por parte de observadores no gubernamentales independientes, organizaciones internacionales y medios de comunicación. Si bien el gobierno proporcionó cierto acceso a los centros de detención de migrantes de forma ad hoc, no permitió el acceso para un monitoreo independiente sistemático por parte de observadores internacionales u organizaciones locales de derechos humanos.
