El periodista Luis Eduardo -Huchi- Lora reveló este martes, en el programa El Día, que decenas de expedientes de corrupción serán sometidos a la Justicia en los próximos días.
“Nos hemos enterado de muchos expedientes, decenas de expedientes que serán dados a conocer en los próximos días», dijo en su programa que se transmite por Telesistema, canal 11.
El comunicador valoró la gestión de Carlos Pimentel al frente de la Dirección General de Compras y Contrataciones Públicas, quien con apenas dos meses en el cargo ha apoderado a la Procuraduría General de la República varios expedientes con elementos para ser investigados por corrupción.
Tan pronto el destacado periodista hizo la revelación en su programa matutino, horas después, Compras y Contrataciones depositó ante la Procuraduría Especializada de la Corrupción Administrativa (PEPCA) tres expedientes relacionados a irregularidades en procesos de compras del Plan de Asistencia Social de la Presidencia y del Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia (INAIPI).
El pasado 10 de septiembre el titular de Contrataciones Públicas y a directora de Ética Gubernamental Milagros Ortiz Bosch, apoderaron a la Procuraduría General de la República (PGR) del expediente sobre presuntas irregularidades en la compra de más de RD$11 mil millones de hormigón asfáltico caliente en el Ministerio de Obras Públicas.
Los funcionarios argumentaron que existen suficientes indicios de que en el proceso auspiciado durante la gestión de Gonzalo Castillo hubo irregularidades.
Suspensión Registro de Proveedores del Estado
El pasado 8 de octubre, le fue suspendido el registro de proveedor del Estado (RPE) a un grupo de 113 alcaldes y regidores y dos jueces.
Según establece el artículo 14 de la Ley 340-06, los funcionarios de primer y segundo nivel de jerarquía de las instituciones sujetas al ámbito de aplicación de la Ley de Compras y Contrataciones Públicas y sus modificaciones, entre los que figuran, ministros, viceministros, directores y subdirectores, alcaldes y regidores, no pueden ser oferentes ni contratar con el Estado para suplir bienes, obras y servicios a las instituciones gubernamentales.
Recientemente, Pimentel dispuso la suspensión del registro de la ministra de la Juventud, Kimberly Taveras, quien también se encontraba activa como suplidora del Estado.
